El sector del taxi ha protagonizado este jueves una nueva protesta por las calles de Alicante. Una larga caravana de vehículos ha bloqueado uno de los accesos principales al centro de la ciudad durante buena parte de la mañana.
Así, los manifestantes han ocupado todos los carriles de la avenida Aguilera en dirección hacia la plaza de la Estrella, donde se encuentra la sede territorial de la Conselleria de Transportes. La marcha, que ha provocado importantes retenciones de tráfico, ha avanzado lentamente desde las 11:00 horas acompañada de pitidos y pancartas reivindicativas.
La movilización ha coincidido con la gran manifestación celebrada en València para reclamar la aprobación de un decreto ley que regule la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC). “Estamos hartos de aplazamientos y mentiras”, señalan desde la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana.
El taxi reclama mayor control sobre las VTC
La huelga comenzó el pasado 29 de abril y llevarán a cabo protestas semanales en las principales ciudades. El colectivo de asociaciones del sector del taxi valenciano denuncia que “llevamos años viendo cómo cada día hay más vehículos negros (VTC) que hacen de taxis sin autorización” einsisten en que existe una situación de “competencia desleal y intrusismo”.
Durante la concentración, algunos conductores mostraron carteles dirigidos al conseller Vicente Martínez Mus y reclamaron mayor rapidez en la tramitación del decreto. “Llevamos meses escuchando promesas y seguimos igual”, lamentaba uno de los asistentes, mientras varios compañeros hacían sonar repetidamente las bocinas de sus vehículos.
Los taxistas también han alertado del impacto económico y social de esta situación. “Hay cada vez más miedo porque creemos que el futuro del taxi que conocemos está en peligro”, recordando que más de 9.000 familias dependen del taxi en la Comunitat Valenciana.
Reivindicación del decreto
El sector reclama la aprobación “inmediata” del decreto ley que regule la movilidad y establezca un régimen sancionador que clarifique “que no pueden hacer servicios urbanos". Según denuncian, el conseller Vicente Martínez Mus se había comprometido a aprobarlo en primavera de 2025, pero la fecha ha ido cambiando con el paso de los meses.
“Desde entonces ha cambiado de versión sobre lo que podrán hacer, y ese decreto es fundamental para tener un marco más fuerte sancionador”, señalan desde la Confederación, que considera “insuficientes” las explicaciones ofrecidas por la administración autonómica.
Los taxistas aseguran que la situación ha llegado a un “punto límite” y advierten de que mantendrán las movilizaciones si no se produce una respuesta inmediata. “Estamos hartos de más aplazamientos y, ya hemos cogido la senda de las manifestaciones semanales hasta que esto no se solucione”, remarcan.
La Generalitat mantiene las negociaciones
El conseller, por su parte, ha asegurado este jueves antes de la sesión de control en Les Corts que el decreto se aprobará durante “este mes de mayo”. Martínez Mus ha explicado que la Conselleria mantiene conversaciones con las asociaciones del taxi y las empresas de las VTC.
El titular de Transportes ha reconocido que las reivindicaciones de ambos sectores resultan “difíciles de compatibilizar” porque mantienen posiciones opuestas respecto a los servicios urbanos. El responsable autonómico ha afirmado que el objetivo del Consell pasa por garantizar una “convivencia equilibrada sin perjudicar la movilidad de los usuarios”.
El conflicto entre taxistas y VTC se centra principalmente en la posibilidad de realizar trayectos urbanos dentro de las ciudades. Mientras las asociaciones del taxi reclaman mayores limitaciones para estos servicios, las empresas de transporte privado defienden su derecho a continuar operando porque una sentencia “entiende que sí que podrían hacerlo”.
En este sentido, el conseller ha señalado que el futuro decreto incluirá un régimen sancionador destinado a mejorar el cumplimiento de la normativa vigente. El departamento autonómico considera necesario reforzar los mecanismos de control para evitar “conductas abusivas” y reducir el malestar existente entre los diferentes colectivos implicados.