Un pequeño respiro para el bolsillo de los alicantinos y alicantinas, aunque prácticamente imperceptible para la mayoría de los contribuyentes. El Ayuntamiento de Alicante pretende aprobar una rebaja en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a partir de 2026. La medida, explican fuentes municipales, se suma a la reducción del 5% aplicada en 2019.
La ordenanza que regula esta rebaja forma parte de los acuerdos entre el PP y Vox en el marco de la negociación de los Presupuestos para el ejercicio 2025, con la vista puesta en las futuras cuentas. El documento recibió el visto bueno inicial en la Junta de Gobierno la pasada semana, aunque aún debe superar su debate en la Comisión de Hacienda, el periodo de exposición pública y la posterior aprobación definitiva en el Pleno municipal.
Desde el grupo municipal Socialista y Esquerra Unida-Podem sostienen que la reducción supone un “beneficio mínimo” para la mayoría de hogares alicantinos, mientras que representa un ahorro “más significativo” para las propiedades de mayor valor. Los socialistas señalan que, en algunos casos, el descenso apenas supera los tres euros anuales, mientras que desde EU-Podem se insiste en que la medida “beneficia a las grandes propiedades”.
Rebaja del IBI en Alicante: ¿cuánto ahorrarán los hogares?
A través de esta modificación, el nuevo tipo de gravamen de los bienes inmuebles urbanos en Alicante pasará del 0,62795% actual al 0,61985%, una rebaja del 1,20% desde el próximo año. La Concejalía de Hacienda calcula que el cambio afectará a un censo de 336.409 unidades —entre viviendas y locales— y generará un ahorro conjunto de cerca de 1,1 millones de euros.
El texto conserva las bonificaciones aplicables en casos concretos. Las viviendas de protección oficial mantienen una reducción del 50% en la cuota íntegra los tres primeros años, mientras que las familias numerosas pueden beneficiarse de hasta un 90% según el valor catastral y el número de hijos. También continúa vigente la bonificación del 50% para inmuebles con instalaciones de aprovechamiento solar, tanto térmico como eléctrico.
¿Qué propone el PSOE?
El Grupo Municipal Socialista ha registrado una serie de enmiendas a la ordenanza con el objetivo de vincular el IBI a políticas de vivienda y sostenibilidad. Entre las medidas planteadas destacan:
- Ampliación de la bonificación a VPO: prolongar del 50% de tres a cinco años, y para jóvenes de hasta 35 años extenderla hasta los diez años.
- Recargo del 30% a grandes tenedores: aplicable a propietarios con más de diez viviendas vacías.
- Impulso a la sostenibilidad energética: ampliar de tres a cinco años la bonificación a inmuebles con autoconsumo y puntos de recarga eléctrica, incrementar el importe máximo de 300 a 600 euros y reducir la producción mínima bonificable de 10 a 5 kilovatios.
- Bonificación a viviendas con puntos de recarga para vehículos eléctricos.
La portavoz socialista, Ana Barceló, señala que “las políticas fiscales deben servir para corregir desigualdades y facilitar el acceso a la vivienda”. Además, aboga por mantener el tipo actual del IBI, considerando que “la reducción implica una pérdida de ingresos que podría destinarse a servicios sociales”. Barceló insiste en que “el equipo de gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado mientras la ciudad vive una emergencia habitacional”.
Enmiendas de Esquerra Unida-Podem
El grupo municipal de Esquerra Unida-Podem también ha presentado propuestas que buscan un IBI “social, progresivo y verde”. Sus enmiendas incluyen:
- Recargos progresivos a pisos vacíos de grandes tenedores: hasta el 100% a partir del tercer año de desocupación.
- Bonificaciones del 90% para propietarios que destinen viviendas a programas de alquiler asequible de larga duración.
- Bonificación del 95% a quienes cedan viviendas vacías de forma temporal al Ayuntamiento o a la Generalitat para emergencias habitacionales.
- Ampliación de bonificaciones a VPO durante toda su vida útil, y no solo en los tres primeros años.
- Creación de un fondo municipal con los ingresos de los recargos a viviendas vacías, destinado a alquiler social, rehabilitación energética y ayudas al pago de rentas.
- Sistema progresivo según valor catastral, en lugar de un tipo lineal, para beneficiar a familias con menos recursos.
Desde Esquerra Unida-Podem denuncian que “el derecho a la vivienda debe estar por encima del negocio de unos pocos”. En este sentido, su portavoz, Manolo Copé, afirma que “proponemos un IBI que frene la especulación y proteja a las familias vulnerables, incentive el alquiler asequible y penalice a quienes mantienen viviendas cerradas mientras miles de jóvenes y familias no pueden acceder a una casa en condiciones en la ciudad de Alicante”.