La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Alicante, prevista para su entrada en vigor en enero de 2025, está cada vez más cerca de aprobarse de forma definitiva en el Pleno Municipal. Un documento sin restricciones ni sanciones que vio la luz verde en la Comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento con el apoyo del Partido Popular y Vox, quienes también rechazaron todas las alegaciones presentadas. Sin embargo, se trata de una medida polémica que se ha materializado con la ausencia de PSOE, Compromís y EU-Podem, que abandonaron la sesión en señal de protesta.
La creación de las Zonas de Bajas Emisiones es una normativa de obligado cumplimiento impuesta por la Unión Europea, a través de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que exige a las ciudades de más de 50.000 habitantes su creación para mejorar la calidad del aire. En este sentido, el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, destaca que Alicante ya lleva a cabo iniciativas como la peatonalización, la renovación de la flota de autobuses urbanos con vehículos "0 emisiones", y el desarrollo de corredores verdes. Además, Villar argumenta que la ordenanza se ha elaborado “respetando el marco jurídico” y sin la imposición de sanciones, ya que “la calidad del aire en Alicante es buena”.
Una ordenanza que desde el grupo socialista, su portavoz Ana Barceló, ha tachado de “fraudulenta”. La dirigente del PSOE critica que el equipo de gobierno “oculte” informes fundamentales, como el análisis económico de la ZBE y el calendario de implantación por fases. Asimismo, Barceló señala que durante la comisión se modificó el informe técnico ‘in voce’ para asegurar el apoyo de Vox, lo que, en su opinión, demuestra que el procedimiento “está viciado desde el inicio”. También expresa su preocupación por la falta de un informe socioeconómico que evalúe el impacto de la ZBE en la ciudadanía y en el comercio local.
Aún así, el concejal Manuel Villar insiste en que “esta medida convertirá a Alicante en una ciudad más saludable y eficiente en términos de movilidad sostenible”. En esta línea, el edil responsable del área de Medio Ambiente recuerda que el Ayuntamiento ha introducido incentivos fiscales en la ordenanza para vehículos de bajas emisiones, con bonificaciones de hasta el 75% en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
Tres anillos de aplicación
El ámbito de aplicación de la ZBE en Alicante se configura con un esquema de tres anillos. El primero se circunscribe al Casco Antiguo, el segundo al centro tradicional y el tercero está delimitado por la circunvalación urbana de la Gran Vía. Todos los vehículos podrán circular libremente por los anillos II y III, sin restricciones ni sanciones, mientras que en el entorno del Casco Antiguo (anillo I) se mantiene como zona con limitación de accesos.
De hecho, Alicante dispone desde 2011 de esa zona con limitación de accesos en el interior del perímetro comprendido por el Casco Antiguo, entre la Rambla de Méndez Núñez, la avenida de Jaime II, la ladera del Castillo de Santa Bárbara y las calles Jorge Juan y Altamira, con más de 10 hectáreas de superficie, en la que se limita la entrada de vehículos, mediante controles de acceso, a vecinos, comerciantes o vehículos autorizado, de modo que se utilice este espacio como “zona residencial” con prioridad del peatón respecto al vehículo.
Del mismo modo, todos los vehículos podrán entrar y circular sin necesidad de verificación de la etiqueta ambiental en los anillos II y III (centro tradicional y Gran Vía), que servirán como zonas de estudio, monitorización y toma de datos para una “gestión más eficiente”, según fuentes municipales, de la movilidad en la ciudad y para ayudar a la toma de decisiones futuras relacionadas con el tráfico y la ZBE y otros servicios municipales.
Un conflicto abierto
El debate sobre la ZBE en Alicante evidencia las divisiones en torno a la gestión del medio ambiente y la movilidad urbana. Mientras que el equipo de gobierno defiende su ordenanza como un “cumplimiento eficiente de las normativas europeas”, aunque sin sanciones y con incentivos para una transición gradual hacia un modelo más sostenible, la oposición lo califica de “oportunidad perdida”. Tanto el PSOE como EU-Podem, consideran que la falta de medidas más estrictas y la ausencia de transparencia “ponen en peligro la salud de los alicantinos y los fondos europeos destinados a la mejora de la calidad del aire”.
En un comunicado, EU-Podem sostiene que la ordenanza es una "chapuza". En este sentido, denuncian la falta de informes de impacto económico y el “nulo esfuerzo” por parte del equipo de gobierno para atender las enmiendas y aportaciones de los grupos progresistas. A su juicio, el PP está supeditado a Vox, adoptando una postura que pone en peligro la salud de los alicantinos al no establecer restricciones para los vehículos más contaminantes. Además, alertan que la ausencia de medidas más contundentes podría resultar en la pérdida de fondos públicos destinados a la aplicación de la ZBE.
Por su parte, el presidente de la Comisión y edil de Coordinación de Proyectos, Antonio Peral, critica "el comportamiento irresponsable de PSOE, Compromís y EU Podemos, que están mucho más pendientes de montar circo que de ocuparse de los asuntos que afectan a la gran mayoría de los alicantinos". Además, en relación a la ausencia de los tres grupos de la oposición de izquierdas, Peral añade que "demuestran con esta actitud infantil su nulo compromiso con la ciudad y su pataleta constante cuando no se salen con la suya".