El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de San Vicente del Raspeig ha abierto diligencias por la presunta reparcelación irregular de un terreno situado en el Camí de la Torreta, que fue precintado durante la primera semana de octubre por el Ayuntamiento en coordinación con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.
La investigación, asumida por el Seprona, se ha iniciado por un posible delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo en la parcela 8 del polígono 8 del municipio, donde se habrían llevado a cabo actuaciones no autorizadas.
El origen de las diligencias se encuentra en la detección de una división del solar en 17 subparcelas ubicadas en suelo no urbanizable de protección agrícola. Esta actuación vulneraría la normativa municipal y autonómica, que prohíbe expresamente este tipo de fragmentaciones destinadas a usos urbanísticos encubiertos.
La intervención fue comunicada tanto al Ayuntamiento como a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, que acordaron aplicar medidas cautelares para impedir la continuidad de las actuaciones irregulares.
Como parte de estas medidas, la Policía Local procedió al precinto del terreno para evitar accesos y posibles obras posteriores. Además, las administraciones implicadas han requerido a los propietarios que deshagan la reparcelación efectuada y restituyan el área a su estado original. La instrucción judicial analizará ahora el alcance de las modificaciones realizadas y si estas responden a un intento de transformar el uso agrícola protegido en parcelas con otra finalidad.
Las infracciones de este tipo pueden derivar en sanciones económicas que alcanzan los 3.000 euros, así como en la ejecución subsidiaria por parte de la Agencia Valenciana en caso de que los propietarios no cumplan con las órdenes de reposición. La normativa también contempla la apertura de expedientes por infracción muy grave, lo que podría suponer multas de entre el 20% y el 30% del valor de venta de los lotes fraccionados. La persistencia en las actuaciones irregulares se considera, además, una circunstancia agravante.
El Ayuntamiento ha informado de que mantiene bajo revisión otras parcelas del término municipal ante sospechas de divisiones irregulares que podrían estar destinadas a usos no permitidos. En todos los casos que se detecten, ha señalado, se exigirá la reposición de la legalidad y, si no se produce voluntariamente, se iniciará el correspondiente proceso sancionador.