El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado en Junta de Gobierno la realización de un censo detallado que permita registrar todas las instalaciones y ubicaciones dentro del municipio que contienen amianto, un material considerado potencialmente peligroso para la salud pública. Este censo tiene como finalidad obtener un conocimiento exacto de la presencia de este material, con el objetivo de monitorear su situación actual y tomar las medidas necesarias para su eliminación definitiva. La iniciativa responde a la necesidad de garantizar entornos urbanos más saludables y seguros para los ciudadanos.
El contrato para llevar a cabo este estudio ha sido adjudicado a la empresa Agforest por un importe cercano a los 7.400 euros, y establece un plazo de cuatro meses, contados desde su adjudicación, para la elaboración de un estudio previo. Este estudio es indispensable para la creación del censo, cumpliendo así con los requisitos establecidos por la Ley 7/2022, que regula la identificación y gestión de materiales peligrosos como el amianto.
El alcalde y concejal de Urbanismo, Pachi Pascual, ha adelantado que los trabajos comenzarán en las próximas semanas. Tal y como explica el primer edil este nuevo censo "demuestra nuestro compromiso firme de seguir avanzando en la creación de entornos urbanos más saludables". Asimismo, Pascual ha destacado que el primer paso es identificar las zonas donde existe amianto, y tras su localización, exigir a los responsables la adopción de medidas de control y protección. "Es fundamental restringir el acceso a las áreas afectadas mientras se trabaja en la eliminación segura del material", ha subrayado.
El censo no solo recogerá los emplazamientos con amianto, sino que también incluirá un calendario que planificará su retirada de manera ordenada, priorizando las instalaciones según su nivel de peligrosidad y el grado de exposición de la población más vulnerable, como niños y personas mayores. Para ello, se generarán mapas descriptivos que identificarán claramente los inmuebles afectados, diferenciando entre aquellos de carácter público o privado, de uso residencial o industrial.
Además, el censo incluirá información sobre el nivel de peligrosidad, la extensión de las zonas afectadas, la antigüedad de las estructuras y la visibilidad de los elementos contaminados. Con ello, el Ayuntamiento busca garantizar una gestión más eficaz de los riesgos asociados al amianto en la localidad.