Saltan las alarmas. La polémica en torno a la vivienda de protección pública, las primeras que se construyen en décadas, sigue sacudiendo Alicante. Un nuevo foco de conflicto ha surgido en un contexto que inevitablemente recuerda al escándalo de las VPP de Les Naus, en la Playa de San Juan.
Esta vez, sin embargo, el epicentro se desplaza unos kilómetros hacia el interior y se sitúa en el municipio de Sant Joan d’Alacant. Este nuevo caso de posibles irregularidades y fraude afecta de lleno a una promoción proyectada en una parcela municipal de la zona de Nou Nazareth.
La actuación gira en torno a la mercantil adjudicataria del solar, que habría iniciado acciones de promoción y captación de reservas antes de formalizar el contrato y, presuntamente, sin contar con la calificación provisional necesaria para este tipo de viviendas, según detalla el Ayuntamiento.
Tal y como traslada el consistorio, se habrían detectado anuncios en medios digitales e intermediación de una inmobiliaria en los que se publicitan las futuras casas, indicando incluso la posibilidad de destinarlas a residencia habitual o segunda residencia. El proyecto contempla la construcción de 131 inmuebles en una de las áreas de mayor expansión de Sant Joan.
Suspensión cautelar
Los servicios jurídicos municipales han preparado un requerimiento formal para que la promotora aporte en un plazo de diez días hábiles un informe detallado sobre las actuaciones de publicidad, promoción o comercialización realizadas hasta el momento en relación con la parcela adjudicada.
En concreto, el Ayuntamiento santjoaner solicita aclarar si las viviendas han sido ofertadas como protegidas, qué condiciones de acceso se han comunicado a los interesados y qué cantidades económicas se han pedido o recibido en concepto de reservas o anticipos, incluyendo el número de personas afectadas por estas gestiones que califican de "presuntamente engañosas".
La controversia incluye la solicitud de 1.750 euros a quienes deseen realizar una reserva previa de vivienda. Estas cantidades se habrían pedido antes de obtener la calificación provisional exigida por el Decreto 180/2024, de 10 de diciembre del Consell, que regula el régimen jurídico de las viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana.
El alcalde de Sant Joan, Santiago Román asegura que “no vamos a permitir ninguna irregularidad en este proceso, que ha sido transparente desde su licitación y va a seguir siéndolo". Así, hasta que se esclarezcan los hechos y se realice la valoración jurídica correspondiente, el Ayuntamiento ha acordado suspender cautelarmente cualquier actuación dirigida a la formalización del contrato derivado del procedimiento de licitación.
"Aunque la competencia es autonómica, desde el Ayuntamiento hemos requerido la paralización de la comercialización y la posible revocación de la adjudicación de la parcela, ya que sigue siendo de titularidad municipal”, ha añadido el alcalde. Asimismo, se ha instado a la mercantil a abstenerse de continuar con nuevas acciones comerciales vinculadas a la promoción.
Intervención de la Conselleria de Vivienda
En paralelo, el Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda en Alicante también ha requerido a la promotora adjudicataria de la parcela información tras recibir la comunicación de un ciudadano alertando de la comercialización del residencial denominado 'Nova Vita', compuesto por 131 viviendas protegidas de uno, dos y tres dormitorios con garaje y trastero.
La Conselleria ha concedido también un plazo de diez días para aclarar la veracidad de los hechos denunciados. En caso de no atender el requerimiento en tiempo y forma, se prevé la apertura de un expediente sancionador conforme a la normativa vigente en materia de vivienda protegida.
El consistorio ha advertido de que la falta de respuesta o la confirmación de actuaciones incompatibles con el régimen jurídico aplicable podría dar lugar a medidas administrativas adicionales, incluida la posible revocación de la adjudicación de la parcela, que continúa siendo de titularidad municipal en la actualidad.