La polémica que envuelve la adjudicación de la primera promoción de vivienda protegida (VPP) en Alicante en las últimas dos décadas sigue escalando. La Generalitat Valenciana, que había anunciado el inicio de una investigación para esclarecer “todos los detalles” del proceso, ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario de la dirección territorial de Vivienda de Alicante tras detectar “irregularidades” en el visado de un expediente.
La decisión, aseguran fuentes del Consell, se ha adoptado después de tener conocimiento y comprobar que el técnico es cónyuge de una de las solicitantes y que, durante la tramitación, omitió “datos relevantes” sobre la unidad de convivencia de la que él mismo formaba parte.
La actuación se produce tras el terremoto ocasionado en los últimos días al conocerse que varias personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante, entre ellas la entonces concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez; los hijos de la exdirectora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; y un arquitecto municipal, habían adquirido cuatro de esas viviendas.
El origen de la investigación
Tal y como ha explicado el Ejecutivo valenciano, la secretaría autonómica de Vivienda solicitó el pasado 30 de enero un informe a la dirección territorial alicantina para aclarar el proceso de adjudicación. Esta petición se produjo un día después de que el escándalo estallara una vez el diario INFORMACIÓN destapó la noticia relacionada con la entrega de los pisos en la Urbanización Les Naus en Playa de San Juan.
Ese mismo día, a primera hora de la mañana, el secretario territorial adjunto de Alicante emitió un primer informe en el que señalaba que todas las personas que habían accedido a las viviendas “cumplen con la totalidad de los requisitos de acceso establecidos en la normativa de aplicación”, citando expresamente el Decreto 68/2023 y el Decreto 180/2024, que regula el régimen jurídico de las VPP en la Comunitat Valenciana.
No obstante, con el objetivo de verificar que el procedimiento se había “ajustado plenamente a la legalidad” y descartar “cualquier tipo de manipulación”, la secretaría autonómica solicitó un segundo informe, más detallado, sobre todos los expedientes de visado de la promoción.
Este requerimiento incluía información sobre el procedimiento seguido, las personas intervinientes y la documentación acreditativa utilizada en cada caso.
Desde la Generalitat subrayan que el proceso de visado es una cuestión administrativa “pautada y revisada por técnicos funcionarios”, y que en él no interviene ningún cargo político. “Se trata de comprobar toda la información acreditada por los técnicos”, señalan las mismas fuentes.
¿Por qué se produce la suspensión?
Como resultado inicial de esta segunda revisión, la dirección territorial ha informado de la “supuesta comisión de varias faltas tipificadas como muy graves” por parte de uno de los técnicos. En el informe emitido por la Generalitat se detalla que este funcionario “revisó, tramitó y acreditó para su firma un expediente”, dando por cumplidos todos los requisitos.
Sin embargo, posteriormente se ha constado que era cónyuge de una de las solicitantes y que había omitido datos relevantes relativos a la unidad de convivencia, especialmente los vinculados a ingresos y a posibles viviendas en propiedad que debían computarse conjuntamente.
Ante estos hechos, la Conselleria de Vivienda ha abierto un expediente disciplinario y ha acordado la suspensión cautelar de empleo y sueldo. La Generalitat ha señalado que, conforme se vaya recabando más información, se actuará “con total contundencia” y que los datos se trasladarán “inmediatamente a la Fiscalía” para que investigue la situación.
El gobierno valenciano insiste en que “no existe participación alguna de cargos políticos” en la emisión de los visados y recalca que se trata de un caso en el que un funcionario “habría hecho un uso indebido de su posición”.
Como consecuencia, además de las medidas ya previstas en el Decreto 180/2024, se reforzarán los mecanismos de control mediante una nueva fórmula de comprobación a través de una mesa de verificación en las direcciones territoriales. "Estos hechos son plenamente inadmisibles y no tienen cabida en una gestión pública responsable", concluyen.