Un visto y no visto. Un anuncio de alquiler en la promoción de viviendas protegidas investigada en Alicante desaparece a las pocas horas. A raíz de estos hechos, Compromís ha solicitado al Ayuntamiento que autorice a la Policía Local a inspeccionar los pisos para comprobar si cumplen las condiciones de uso establecidas por la normativa autonómica.
Este caso sigue centrando el debate político municipal después de que el pasado jueves el diario INFORMACIÓN revelara que cuatro de esas viviendas habían sido adjudicadas a personas vinculadas con el consistorio alicantino: la ahora exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que dimitió el pasado viernes para "no interferir" en la investigación; dos hijos de una alto cargo, que también ha renunciado a su puesto; y el propio arquitecto de Urbanismo.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, no ha titubeado y desde el mismo jueves subrayó que “vamos a llegar hasta el final por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en la tramitación”. Además, el primer edil solicitó al secretario general del Ayuntamiento que iniciara un expediente de averiguación de hechos y no descartó acudir a Fiscalía "si fuera necesario".
Comprobar quién reside
Compromís considera necesario verificar “piso a piso” si los propietarios residen en los inmuebles adjudicados, tal y como exige la regulación de las viviendas de protección pública. La formación sostiene que existen indicios de que parte de la promoción podría haber sido ofrecida en el mercado del alquiler y que algunas viviendas podrían encontrarse vacías.
Ambas situaciones, según denuncian, no están permitidas en este tipo de edificaciones promovidas en suelo público con un precio protegido. Por este motivo, el grupo Compromís en el Ayuntamiento de Alicante exige una revisión para comprobar la "ocupación real" de cada vivienda.
Además, el grupo municipal ha solicitado la colaboración de la empresa mixta Aguas de Alicante para contrastar los datos de consumo de agua, con el objetivo de detectar posibles viviendas deshabitadas. Esta comprobación, explican, permitiría aclarar si se están produciendo incumplimientos de la normativa autonómica en materia de vivienda protegida.
Anuncio de alquiler retirado
Las sospechas planteadas por Compromís se apoyan en la aparición de un anuncio en el portal inmobiliario Idealista, retirado de la plataforma al poco tiempo, en el que se ofertaba en alquiler un piso de tres habitaciones ubicado en la sexta planta de la polémica promoción Urbanización Les Naus. El precio que aparecía era de 1.600 euros mensuales.
El edificio, situado en la zona de la Condomina de la Playa de San Juan, concretamente, entre la avenida Historiador Vicente Ramos y las calles Redes y Periodista Asunción Valdés, dispone de zonas comunes con área de juegos infantiles, piscina, vestuarios y botiquín, zonas ajardinadas, pistas de pádel y polideportiva, club social, gimnasio, aparcamiento de bicis y pérgolas.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, insta al alcalde a impulsar "de forma inmediata" las comprobaciones necesarias para garantizar que las viviendas cumplen su función social. Desde el grupo insiste que el Ayuntamiento debe centrar sus esfuerzos en esclarecer los hechos y comprobar el cumplimiento de la normativa, al margen del debate político en torno a la promoción.
Investigación del expediente
Más allá del proceso municipal interno que anunció el alcalde Luis Barcala, la Generalitat Valenciana —órgano que debe supervisar y aprobar las adjudicaciones de vivienda pública— también pretende comprobar si los adjudicatarios de la promoción cumplían todos los requisitos y condiciones económicas. El president, Juanfran Pérez Llorca, aseguró que los propietarios estaban dentro del umbral legal para acceder a estos pisos protegidos.
En este caso, los ingresos de la unidad familiar no podían superar 6,5 veces el IPREM, es decir en torno a 55.000 euros. Además, ninguno de los miembros puede ser propietario de otra vivienda. Ahora, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha explicado que se están estudiando los expedientes para verificar que los datos aportados por los compradores eran “correctos” y que no ha habido "irregularidades" en el proceso.