Alicante observa con “preocupación” el desarrollo de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. El Gobierno de España ha certificado, a través del Consejo de Ministros, la resolución favorable de la Comisión Nacional de Mercado y Valores (CNMV) y, por tanto, el proceso de adquisición del banco vizcaíno continúa su curso, aunque con condiciones.
En este contexto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha insistido este miércoles 25 de junio que la operación no debe traducirse en recortes ni para los trabajadores ni para las personas usuarias de ambas entidades. El foco, advierte en un vídeo, debe estar en “salvaguardar el empleo y asegurar la continuidad del servicio a empresas y ciudadanos”.
“Respetar a la plantilla y los clientes”
Barcala subraya que ya ha trasladado esta exigencia directamente a los presidentes del BBVA, Carlos Torres, y del Banco Sabadell, Josep Oliu. “Desde el primer momento he insistido en que lo más importante es que se respeten las condiciones de los trabajadores y de los clientes a través de la red de oficinas, sin excepción”, afirma. Y es tajante: “La línea roja es el mantenimiento del empleo y de los servicios a empresas y particulares”.
La reacción del primer edil llega tras la decisión del Gobierno de autorizar la opa, aunque con condicionantes. En concreto, exige que durante al menos tres años se mantenga la personalidad jurídica, el patrimonio y la gestión por separado de ambas entidades. Una medida que, según Barcala, se queda corta. “El Gobierno podría haber hecho mejor las cosas, garantizando de una manera más eficaz los intereses de ambos bancos”, sostiene.
Advertencia firme
Durante los últimos meses, Barcala ha mantenido encuentros con los máximos responsables de ambos bancos. El 27 de enero recibió a Josep Oliu en el Ayuntamiento, y el 6 de marzo hizo lo propio con Carlos Torres. Tal y como explica, en ambas reuniones dejó “claro” que la ciudad no está dispuesta a pagar “el coste de una fusión mal gestionada”.
“Veremos cómo acaba todo esto”, advierte el alcalde. “Seguiremos muy pendientes —continúa— de este tema tan importante, para que no se vean perjudicados los derechos de los trabajadores, ni los intereses de los alicantinos y de las empresas”. Una posición firme que también mantiene el presidente de la Diputación, Toni Pérez, quien reclama que se mantengan oficinas, puestos de trabajo y se garantice la financiación a las empresas.
“Nos preocupa que esta operación suponga una merma en los servicios y los recursos disponibles para empresas, pymes y particulares de Alicante, una reducción de la red de oficinas o la pérdida de puestos de trabajo”, manifiesta el responsable provincial. Toni Pérez insiste que “se deben garantizar todas estas cuestiones” para que Alicante “no se vea afectada ni dañada por esta fusión, aunque completamente legítima”.