La polémica generada en torno a la promoción Les Naus ha vuelto a situar la vivienda pública en el centro del debate en la provincia de Alicante. Las sospechas de irregularidades y favoritismos en el proceso de adjudicación de las VPP en favor de cargos vinculados a la administración siguen coleando, con una investigación abierta en la Fiscalía Anticorrupción.
Ante este escenario, los ayuntamientos de Alicante —salpicado por el escándalo— y Elche han anunciado una batería de medidas que pretenden reforzar los controles y garantizar que solo quienes cumplan los requisitos legales puedan acceder a viviendas de protección pública.
Alicante limita el acceso a concejales y asesores
El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha explicado este martes que el equipo de gobierno “restringirá a sus concejales, cargos y personal de confianza el acceso a procesos para optar a una vivienda de protección pública”.
Villar ha detallado que “en los próximos días se dará forma a esta iniciativa” y ha matizado que también se extenderá a otro tipo de ayudas municipales abiertas a toda la ciudadanía. “Queremos dejar claro cuál es nuestra postura”, ha enfatizado.
“Este equipo de gobierno está firmemente comprometido con la transparencia y estamos reforzando los controles para que las ayudas lleguen sin ningún tipo de sospecha”, ha agregado el vicealcalde. Villar ha remarcado que se trata de “una medida ambiciosa, que ningún ejecutivo local había adoptado hasta el momento en el Ayuntamiento de Alicante”.
El edil ha subrayado, al mismo tiempo, que los cargos públicos y los asesores, “reúnan o no los requisitos para acceder a una vivienda protegida”, no podrán aspirar a este tipo de promociones. “Esperamos que el resto de grupos municipales se sumen a esta iniciativa”, ha concluido.
Elche introduce cláusulas y controles adicionales
Por su parte, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha anunciado que el próximo jueves el Consejo de Administración de PIMESA llevará a cabo la adjudicación provisional del lote 1 y 2 del programa Casa Fácil, que contempla la construcción de 240 viviendas de protección pública en la ciudad.
Ruz ha indicado que desde el inicio del proceso se han introducido “cláusulas claras, mecanismos de control y garantías adicionales”. El objetivo, ha aseverado, es que no accedan a la vivienda pública “personas a las que no les corresponde”.
Así, no podrán ser beneficiarios del programa Casa Fácil aquellos que ya disponen de una vivienda, quienes no cumplen los requisitos legales, quienes incumplen la ley o intenten hacerlo mediante fraude o información falsa, además de concejales de la corporación, asesores y altos cargos.
Ruz ha explicado que parte de las viviendas será gestionada directamente por PIMESA en régimen de alquiler y la otra parte por la empresa adjudicataria, “siempre bajo control público”. Todas las solicitudes deberán ser revisadas y validadas por PIMESA para garantizar el cumplimiento de los requisitos.
Además, se ha elaborado un documento específico sobre ausencia de incompatibilidades que todos los aspirantes deberán firmar para “garantizar que no exista conflicto de intereses ni situaciones irregulares en el acceso a la vivienda”. Asimismo, se habilitará un canal de denuncias para comunicar de manera “segura y confidencial” posibles anomalías en el proceso.