La tensión ha marcado el pleno extraordinario y urgente celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Alicante por la polémica en torno a la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en la Playa de San Juan. Un asunto que ha generado una fuerte confrontación política y social en la ciudad.
En este contexto, el alcalde Luis Barcala ha pedido “disculpas” a la ciudadanía por lo que ha calificado como un “escándalo”. El primer edil ha reconocido que se trata de una situación “que nos tiene que avergonzar” y ha subrayado la “contundencia y rapidez” con la que el consistorio ha actuado para conocer los detalles del proceso a través del expediente de averiguación de hechos.
Medidas legales
Barcala ha hecho hincapié en que las “únicas competencias” del Ayuntamiento son el procedimiento de enajenación del suelo municipal y en la concesión de la licencia de obras. Una aclaración competencial "necesaria" a la que ya se refirió el vicealcalde el pasado martes.
Por tanto, ha reconocido que actualmente no puede ofrecer todas las explicaciones solicitadas por la oposición sobre baremos, adjudicación de pisos, comprobación de los requisitos, “ni mucho menos sobre la Ley autonómica de cooperativas de viviendas”. Ha admitido que, por ese motivo, han remitido el caso a la Fiscalía, que “es quien tiene los medios y las competencias legales para llevar a cabo una investigación en profundidad”.
Durante su intervención, Barcala ha señalado que la vivienda es “el asunto que más preocupa a las personas” y ha subrayado que la promoción se construyó sobre suelo municipal con un objetivo concreto. “Esa parcela tenía que servir para que aquellas personas que tuvieran derecho a acceder a una vivienda protegida lo hicieran en condiciones de igualdad”, ha afirmado.
El alcalde ha indicado que, si ese principio “se ha quebrado”, el consistorio tiene “la responsabilidad de perseguir a quien haya infringido la ley y de restablecer lo que tenía que haber sido el objetivo de esta promoción”. En ese sentido, ha asegurado que comparte la “indignación” de la ciudadanía y ha pedido “disculpas a todos los alicantinos que en este momento se sientan preocupados, inquietos y quieran respuestas”.
Por otro lado, ha enfatizado que “en todo lo que en mi dependa, no disfrutará de la vivienda quien no tuviera derecho a ellas". Así, el primer edil ha avanzado que el Ayuntamiento ejercerá "todas las acciones que nos permitan nuestras competencias, personándonos como acusación particular si Fiscalía ve que se puede haber cometido algún tipo de delito”.
Asimismo, Barcala ha anunciado durante el pleno la apertura de un expediente informativo a los dos técnicos del área de Urbanismo que resultaron beneficiarios directos de viviendas de esta cooperativa, con el objetivo de aclarar y, en su caso, "depurar responsabilidades".
Ambos son arquitectos municipales: uno de ellos aparecía en el informe inicial del Servicio de Patrimonio sobre posibles “conflictos de interés”, que destapó el caso junto a la exconcejala de Urbanismo y la exdierectora general de Organización Interna; y la otra es la mujer del técnico de la Conselleria de Vivienda suspendido de empleo y sueldo de forma cautelar.
Críticas unánimes de la oposición
Las intervenciones de los grupos de la oposición han centrado buena parte del pleno. La portavoz socialista, Ana Barceló, ha sostenido que el gobierno municipal está “bajo sospecha” y ha calificado los hechos de “extremadamente graves”. En este sentido, ha afirmado que el Ayuntamiento es el "epicentro de este caso” al tiempo que ha recordado que fue el consistorio “quien puso las condiciones para la venta del suelo, que es de todos los alicantinos”.
Por parte de Compromís, su portavoz Rafa Mas ha denunciado las “corruptelas” vinculadas al Partido Popular y ha preguntado “si hubo información privilegiada en el proceso”. Mas ha reclamado conocer “quién sabía qué y en qué momento” y ha defendido que se adopten medidas como la expropiación forzosa para “revertir cualquier adjudicación irregular”.
El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha señalado que el alcalde “no puede mirar hacia otro lado” y ha planteado que, en su opinión, solo caben dos escenarios: “o se ha sido cómplice o no se ha querido ver lo que estaba pasando”. Copé ha hablado de un “uso fraudulento” de las viviendas públicas y ha exigido “transparencia total en todo el proceso de adjudicación”.
Carmen Robledillo, portavoz de Vox, ha reprochado al alcalde que “no ha velado por los intereses de sus conciudadanos” y ha afirmado que “cuando ocurren hechos de esta gravedad, alguien tiene que asumir responsabilidades políticas”. Robledillo ha lamentado que “se esté hablando a nivel nacional de los pisos de Alicante” y ha criticado que, a su juicio, el equipo de gobierno “no haya sido capaz de evitar esta situación”.
En respuesta a las críticas, la portavoz del grupo popular, Mari Carmen de España, ha defendido la actuación del alcalde y ha asegurado que Barcala ha dado una respuesta “ejemplar, contundente, rápida y transparente”. “Desde el primer momento no se ha escondido absolutamente nada”, ha afirmado, y ha insistido en que el gobierno municipal actuará “con todas las garantías legales” mientras se desarrollan las investigaciones.
Comisión no permanente
En paralelo, todos los grupos municipales han votado a favor de la creación de una comisión no permanente para evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vayan a licitar, por el Ayuntamiento o en el Plan Vive de la Generalitat Valenciana.