El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha descartado presentar su dimisión tras la polémica por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus. Todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento —PSPV, Compromís, EU-Podem y Vox— solicitaron su renuncia en el pleno monográfico de la pasada semana sobre este asunto.
El primer edil ha afirmado que su prioridad es continuar con la gestión municipal y centrarse en los proyectos en marcha. “Yo en lo que estoy es en trabajar por y para Alicante”, ha manifestado. Barcala ha añadido que el equipo de gobierno está volcado en la ejecución del presupuesto y en el desarrollo de iniciativas consideradas “estratégicas” para la ciudad.
El alcalde también ha evitado entrar en escenarios políticos sobre la estabilidad del ejecutivo municipal y la posibilidad de que Vox, que de momento se mantiene en silencio, retire su apoyo en el pleno. “No voy a entrar en especulaciones ni en hipótesis”, ha señalado, al tiempo que ha insistido en que su objetivo es “llevar a cabo medidas muy concretas”.
Investigación y nulidad de adjudicaciones
Barcala ha defendido que el Ayuntamiento ha actuado con rapidez tras conocerse el “escándalo” y anunció la adopción de medidas que ha calificado de “muy contundentes”. Asimismo, ha reconocido que la situación de Les Naus le “preocupa” y ha reiterado que se activarán todos los mecanismos disponibles para evitar que hechos similares puedan repetirse.
De hecho, el alcalde ha remarcado que ya se han tomado las primeras medidas en este sentido, como las dimisiones de la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, beneficiaria junto a sus suegros y su hermano; y de la ex directora general de Organización Interna, en este caso por la adjudicación de sus dos hijos. También ha recordado la apertura de expedientes informativos a dos arquitectos del área de Urbanismo implicados.
La investigación sobre si más funcionarios o altos cargos del consistorio han resultado adjudicatarios de alguna de las viviendas continúa su curso, según avanzó este martes el vicealcalde Manuel Villar. La Conselleria de Vivienda está cotejando las coincidencias de nombres y apellidos de empleados públicos con el listado de propietarios en la polémica promoción
Una vez confirmado el listado, el Ayuntamiento comprobará si ha habido algún funcionario que haya adquirido una vivienda y que haya podido intervenir en el proceso. “El consistorio actuará para que cualquier irregularidad sea depurada”, ha acentuado con firmeza Barcala. Ninguna acción reprobable desde un punto de vista administrativo o penal quedará impune", ha persistido.
Reparto de competencias
El primer edil ha vuelto a insistir en el reparto de competencias .“Los papeles están muy claros y muy distribuidos”, ha enfatizado. El consistorio puso a disposición el suelo municipal mediante un procedimiento de enajenación —una fórmula que aplicará ahora también al solar de la calle Ceuta del barrio de San Blas— y tramitó la licencia de obras.
La selección de los adjudicatarios corresponde a la cooperativa promotora, mientras que la supervisión y control del cumplimiento de los requisitos es función de la Generalitat Valenciana. Aún así, ha detallado que se adoptarán las medidas necesarias para “reparar, en la medida de lo posible, el perjuicio causado en un asunto tan sensible como la vivienda”.
En paralelo, el equipo de gobierno ha anunciado que restringirá a concejales, cargos públicos y personal eventual del PP en el Ayuntamiento el acceso a procesos para optar a una VPP. Esta medida será desarrollada “en los próximos días” y se incorporará al marco del código ético suscrito por los miembros del ejecutivo local. “El que crea que no puede cumplirlo lo que no puede es seguir siendo ni concejal ni cargo de confianza”, ha señalado.
Comisión no permanente
El pleno extraordinario celebrado la pasada semana, convocado con carácter monográfico para abordar esta cuestión, acordó por unanimidad la creación de una comisión no permanente. Este órgano tendrá como finalidad analizar la información relativa a la promoción de las VPP y realizar el seguimiento de las actuaciones vinculadas al caso.
El alcalde ha confirmado que el secretario general del Ayuntamiento ha trasladado a los grupos municipales el requerimiento para designar a sus representantes. El grupo municipal del Partido Popular ya ha comunicado los nombres propuestos para la presidencia y las vocalías.
Además, PSOE, Compromís y EU-Podem han registrado una declaración institucional conjunta que se debatirá en el próximo pleno de 26 de febrero para la reprobación y la exigencia de dimisión del alcalde como “máximo responsable político” de la polémica adjudicación de viviendas públicas que ha beneficiado a cargos y a funcionarios municipales.
Los tres grupos de izquierdas sostienen que las explicaciones ofrecidas hasta ahora por el primer edil “no son suficientes” y consideran que existe una “responsabilidad política directa”. Para los grupos firmantes, la gravedad de los hechos y el daño causado a la credibilidad del Ayuntamiento y a las familias que siguen esperando acceso a una vivienda pública, hacen “insostenible” que Barcala continúe al frente del gobierno municipal.