Lo que debía ser una oportunidad única para decenas de aspirantes a un puesto público se ha convertido en un nuevo episodio de controversia administrativa. Un fallo en el formato del cuestionario del examen para cubrir 58 plazas de Auxiliar de Administración General en la Diputación de Alicante ha obligado a la institución provincial a repetir el examen, generando indignación entre los opositores y críticas por parte de la oposición.
La Comisión Técnica de Valoración ha decidido repetir el único ejercicio de esta oposición, celebrado el pasado 8 de febrero en la Universidad de Alicante. El motivo: un error en la configuración del texto y el formateo de las preguntas tipo test del examen, lo que podría haber afectado a la equidad del proceso de todos los aspirantes. De las 58 plazas convocadas, 57 corresponden a turno libre y una a personas con diversidad funcional.
Así, la Diputación ha optado por convocar nuevamente la prueba “con el objetivo de garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público”. Por el momento, la institución provincial no ha avanzado la nueva fecha de la prueba, aunque ha detallado que será publicada “próximamente” en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Diputación.
Petición de investigación
El incidente no ha tardado en saltar al plano político. Los portavoces en la Diputación del PSPV-PSO, Vicente Arques, y de Compromís, Ximo Perles, han solicitado la creación de una comisión de investigación para “esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades”.
Arques ha calificado la situación como "un escándalo" y ha exigido que los responsables del proceso sean apartados de sus funciones de manera cautelar. “Este bochorno es una muestra más de la mala gestión de la institución provincial”, ha señalado.
Por su parte, Perles ha denunciado que la repetición del examen genera “desconfianza y malestar” entre los aspirantes, que han invertido tiempo y esfuerzo en prepararse para la oposición. Además, ha advertido que, si es necesario, llevarán el asunto a instancias judiciales para exigir transparencia y garantizar un proceso justo.
En paralelo, ambos grupos políticos han manifestado en el comunicado conjunto su intención de seguir colaborando para mejorar la gestión de la administración provincial y evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse en un futuro.