La ola de incendios forestales que arrasa este verano los bosques del oeste de España, especialmente en Cáceres, Zamora, León y Orense —donde han ardido más de 300.000 hectáreas—, se ha expandido en forma de confrontación política. Esa ‘guerra’ ha llegado también a la Diputación de Alicante, donde el Grupo Socialista reclama un aumento "urgente" de la inversión prevención de incendios en Alicante.
La institución defiende que el “esfuerzo económico, técnico y humano” en materia de prevención y lucha contra los incendios es “incuestionable” y recuerda que en los últimos tres años el Consorcio Provincial de Bomberos ha manejado un presupuesto de 211 millones de euros. Además, subrayan las acciones que se han llevado a cabo para la protección del entorno, la seguridad ciudadana y el mantenimiento de infraestructuras.
Un millón más en prevención
El debate se ha intensificado esta semana a raíz de la moción presentada por el Grupo Socialista, que propone incrementar en un millón de euros la subvención destinada a los municipios para actuaciones de prevención. Su portavoz, Vicente Arques, señala que “la Diputación no puede seguir abandonando a los ayuntamientos en la prevención de incendios. Hablamos de proteger a nuestros vecinos y vecinas y de evitar catástrofes”.
En este sentido, los socialistas proponen una modificación de crédito y reclaman que se reoriente parte de la inversión prevista en la red viaria provincial hacia la ejecución de los Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales. La vicepresidenta primera, Ana Serna, detalla que la Diputación ya ha impulsado “la construcción y rehabilitación de parques, la adquisición de nuevos vehículos o la ampliación de la plantilla de efectivos”.
Recursos provinciales para la estructura local
La moción socialista pone el foco en la "precariedad" municipal. “Están solos y desbordados, con recursos muy limitados”, afirma Arques, quien insiste en que no se trata de una opción política, sino de “una obligación”. En la misma línea, el diputado Ismael Vidal critica que “con el riesgo extremo triplicado en los últimos años, la Diputación siga dando la espalda a los municipios, que son los primeros en afrontar la emergencia con medios insuficientes”.
Sin embargo, Serna asegura que la institución provincial no ha descuidado a los consistorios. “Decir que la Diputación ha abandonado a nuestros ayuntamientos es inaceptable y demuestra un absoluto desconocimiento de la labor que desempeña la entidad en la planificación, prevención y protección de nuestro entorno natural”, manifiesta.
Al mismo tiempo, la vicepresidenta recuerda el dispositivo especial de emergencias que cada verano se activa con una inversión cercana al millón de euros. A ello se suman, subraya Serna, las convocatorias del Área de Medio Ambiente, que solo en 2024 ha movilizado ayudas por un importe de cinco millones de euros para proyectos relacionados con montes limpios, ganadería extensiva o restauración de zonas degradadas.
La prevención, prioridad compartida
Tanto la oposición como el equipo de gobierno reconocen que la prevención es “clave” para reducir el riesgo de incendios, aunque difieren en el nivel de respuesta institucional. Vidal sostiene que “cada euro invertido en prevención salva vidas, protege montes y evita daños irreparables”, reclamando un compromiso “estable y progresivo” en los presupuestos anuales.
Por su parte, Serna enfatiza que la provincia de Alicante “dispone de un servicio ejemplar que se ha convertido en referente nacional, dotado con los medios más avanzados y con el personal humano mejor preparado”. Al mismo tiempo, señala el “inigualable” patrimonio natural alicantino y, por ello, “nos esforzamos en impulsar convocatorias, ayudas y planes dirigidos específicamente a su protección, cuidado y divulgación”.
Además, destaca la inversión específica de dos millones de euros destinada a mejorar la cubierta vegetal en municipios afectados por el incendio de La Vall d’Ebo y otros proyectos dirigidos a la mejora de masas forestales en la provincia de Alicante como los 600.000 euros para fomentar la ganadería extensiva, así como los 400.000 euros para la restauración de zonas degradadas por los vertidos incontrolados de residuos.