El director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega, ha subrayado que la inteligencia artificial “ofrece una oportunidad para avanzar hacia una Administración más sencilla, ágil y comprensible, siempre que su aplicación tenga como prioridad a las personas y contribuya a facilitar su relación con los servicios públicos”.
La inteligencia artificial como apoyo para simplificar la relación con la administración
En su intervención, Ortega ha señalado que estas herramientas pueden ayudar a orientar a la ciudadanía, explicar con más claridad los procedimientos, reducir los tiempos de espera y liberar al personal público de tareas repetitivas. El responsable de Simplificación Administrativa de la Generalitat ha enmarcado estas posibilidades en una idea central: la tecnología, ha dicho, puede mejorar la relación entre la Administración y la ciudadanía si se diseña y se aplica con criterios de utilidad pública y con atención a los efectos que produce sobre las personas.
Garantías para evitar decisiones automáticas sin control humano
Ortega también ha incidido en que la utilización de la inteligencia artificial “debe garantizar la protección de los derechos, la transparencia, la igualdad, la accesibilidad y la supervisión humana, de manera que ninguna decisión que afecte a una persona quede al margen de la revisión y responsabilidad de los empleados públicos”. Con esa afirmación, ha situado la supervisión humana como una condición indispensable para el uso de estas herramientas en el ámbito institucional.
El planteamiento expuesto por el director general ha vinculado el desarrollo de la inteligencia artificial con una serie de principios que, según ha defendido, deben mantenerse en primer plano: la protección de los derechos, la transparencia en el funcionamiento de los sistemas, la igualdad de trato y la accesibilidad para toda la ciudadanía. En esa línea, ha remarcado que ninguna decisión que afecte a una persona debe quedar fuera del control y la responsabilidad del personal público.
Una jornada sobre discriminación y exclusión por inteligencia artificial
El responsable de Simplificación Administrativa ha realizado estas declaraciones en la apertura de la jornada 'El derecho a no ser un dato: Discriminación y exclusión por inteligencia artificial en empresas e instituciones', organizada por el Comité Español de Cooperación al Desarrollo (CECODE). También han participado en este encuentro divulgativo representantes de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC).
La presencia de distintos perfiles institucionales en este acto ha reforzado, según el contenido de la jornada, la necesidad de abordar el impacto de la inteligencia artificial desde una perspectiva amplia, en la que confluyan la administración pública, la gestión tecnológica y la reflexión sobre sus efectos sociales. Ortega ha insistido en que el desarrollo de estas tecnologías debe responder a las necesidades reales de la ciudadanía, una idea que ha enlazado con la importancia de mantener la accesibilidad y la comprensión de los procedimientos públicos.
Durante su intervención, además, ha destacado la relevancia de la colaboración entre las administraciones públicas, las universidades, las empresas y las organizaciones sociales para garantizar que el desarrollo de estas tecnologías responda a las necesidades reales de la ciudadanía. En su intervención ha defendido así una coordinación entre actores diversos como vía para orientar el avance tecnológico hacia objetivos de servicio público, comprensibilidad y protección de derechos.
Las declaraciones de Ortega han situado el debate sobre la inteligencia artificial en un marco institucional en el que la agilidad administrativa y la mejora de la atención a la ciudadanía aparecen vinculadas a requisitos claros de control, transparencia y garantía de derechos. En ese enfoque, la inteligencia artificial no ha sido presentada como un fin en sí mismo, sino como una herramienta cuyo valor depende de cómo se aplique, de qué tareas asuma y de qué mecanismos de revisión acompañen su uso en las instituciones.
La jornada ha reunido así a representantes públicos y a agentes vinculados al ámbito tecnológico y social en torno a una cuestión que, según la intervención del director general, exige una respuesta compartida: aprovechar las posibilidades de la inteligencia artificial sin perder de vista que las decisiones que afectan a las personas deben seguir sometidas a supervisión humana, responsabilidad pública y criterios de igualdad y accesibilidad.