El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha participado por vía telemática en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y ha reprochado al Ministerio de Sanidad que haya recurrido de forma “recurrente” a plenos extraordinarios, que a su juicio han respondido “con más criterios de oportunidad política que gestora”.
Gómez ha sostenido que el encuentro “culmina una legislatura fallida”, al considerar que las reformas legislativas más relevantes anunciadas por la ministra de Sanidad, Mónica García, no han llegado a aprobarse por las Cortes Generales tras la disolución de las cámaras y la convocatoria electoral.
En esa línea, ha señalado que de los once plenos del CISNS celebrados durante 2026, ocho han tenido carácter extraordinario, algo que ha interpretado como una utilización impropia de un mecanismo que, según ha defendido, debería reservarse para circunstancias excepcionales.
El respaldo a los acuerdos técnicos
Pese a sus críticas al funcionamiento del consejo, el conseller ha mostrado su apoyo a aquellos puntos que, según ha dicho, contaban con “suficiente rigor técnico y consenso”. Entre ellos ha citado las dos nuevas unidades de referencia (CSUR) en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe y la incorporación de una nueva unidad de patología compleja de columna pediátrica y del adolescente para su posterior designación como CSUR.
También ha considerado relevante la aprobación de los criterios de priorización de pacientes, la asignación de centros y la creación de un registro único para la atención a pacientes con indicación de protonterapia en el Sistema Nacional de Salud.
En este punto, Gómez ha indicado que su posición siempre va a estar “del lado de los intereses de la sanidad pública valenciana” y ha propuesto la continuidad de estos fondos para futuras anualidades.
Fondos, actas y listas de espera
Otro de los asuntos abordados ha sido la distribución de los fondos procedentes de la disposición adicional sexta de la Ley del Medicamento, además de partidas de los presupuestos del Estado destinadas a líneas de vigilancia de cáncer, tabaquismo o trasplantes, entre otras, con destino a la Comunitat Valenciana.
Al inicio de la sesión, la mayoría de las comunidades autónomas se han negado a aprobar las dos actas anteriores del Consejo, correspondientes al 11 de septiembre y al 14 de octubre, al entender que las reuniones convocadas por correo electrónico no habían cumplido el quórum mínimo exigido para su válida constitución.
Gómez ha criticado además que cuestiones como la relación laboral especial de los residentes o la información previa al consentimiento en la interrupción voluntaria del embarazo se hayan llevado, a su juicio, a un “pleno por correo electrónico”.
Sobre el Real Decreto relativo a las listas de espera, el conseller ha señalado que no ha recibido el respaldo necesario porque incorpora documentos que, según ha dicho, no presentan todavía un grado de madurez suficiente para su inclusión en el texto normativo. Ha cuestionado, por ello, la oportunidad de aprobarlo antes de que concluyan los trabajos y exista previamente una guía técnica para su implantación.
Gómez ha cerrado su intervención con un reproche al enfoque del Ministerio sobre este asunto y ha afirmado que “resulta difícil justificar la urgencia por aprobar una norma centrada en la medición de las demoras, mientras siguen pendientes las decisiones necesarias para abordar sus causas”.
Según ha dicho, la prioridad no debería centrarse en la forma de contabilizar las listas de espera, sino en resolver el conflicto con los profesionales, preservar la capacidad asistencial y adoptar medidas efectivas para reducir los tiempos de espera de los pacientes.