El director general de Industria y Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández, y el director general de Política Agraria Común (PAC), Ángel Marhuenda, han trasladado a las instituciones europeas las principales reivindicaciones del sector agrario valenciano en el marco de la negociación de la futura PAC 2028-2034.
Ambos responsables han desarrollado en Bruselas una agenda de trabajo en la que han mantenido reuniones con representantes de la Comisión Europea y de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER), además de participar en encuentros del Grupo de la Organización Común de Mercados (OCM) y de la Asamblea de Regiones Europeas Hortofrutícolas (AREFLH).
Según la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, el objetivo ha sido situar sobre la mesa las necesidades del campo valenciano ante el diseño del próximo marco comunitario.
Apoyo a la rentabilidad y menos cargas administrativas
Durante los encuentros, los representantes de la Conselleria han defendido que la futura PAC mantenga los instrumentos de apoyo a los sectores productivos, reduzca las cargas administrativas y contribuya a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias.
Además, han insistido en que la nueva política agrícola debe garantizar el respaldo a agricultores y ganaderos y tener en cuenta las particularidades de la estructura productiva valenciana.
En la reunión con la jefa de unidad de Sostenibilidad Social y coordinadora de igualdad de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, María Gafo, Fernández y Marhuenda han abordado también el riesgo de abandono de la actividad agraria y las dificultades que afrontan las personas jóvenes para incorporarse al sector. La Generalitat ha situado estos dos elementos entre los principales desafíos para garantizar el relevo generacional.
La delegación valenciana ha planteado asimismo que la negociación del nuevo periodo 2028-2034 no puede ignorar la realidad de unas explotaciones que, según ha expuesto la Conselleria, necesitan un marco de ayudas más adaptado a su dimensión y a sus condiciones de trabajo. En ese planteamiento, la simplificación administrativa ha ocupado un lugar central, junto con la exigencia de preservar el apoyo económico a la actividad agraria.
Rechazo a la cofinanciación nacional de las ayudas hortofrutícolas
Uno de los asuntos centrales de la agenda ha sido la defensa del actual sistema de financiación de los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH). Los directores generales han trasladado el rechazo de la Generalitat a la propuesta de introducir la cofinanciación nacional de estas ayudas en la futura PAC, frente al modelo actual de financiación comunitaria a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).
Ernesto Fernández ha advertido de que ese cambio obligaría a los Estados miembros a asumir parte de la financiación de los programas operativos, lo que podría comprometer la capacidad de actuación de las organizaciones de productores. La posición valenciana también se ha expuesto en el marco de los encuentros de AREFLH, organización de defensa del sector hortofrutícola en la que participa la Comunitat Valenciana a través de su colegio de regiones.
En esas reuniones, la delegación ha puesto el acento, además, en otros factores que condicionan la competitividad del sector: la presión de las importaciones procedentes de terceros países, la limitada disponibilidad de materias activas para combatir plagas y enfermedades y el incremento de las obligaciones administrativas que deben afrontar los agricultores.
Cuaderno electrónico, pagos directos y arroz
En la reunión con la REPER, Fernández y Marhuenda han analizado el calendario de negociación de la futura PAC y el estado de los debates sobre el nuevo marco de ayudas previsto para el periodo 2028-2034.
Ángel Marhuenda ha defendido que la aplicación de los pagos directos debe responder a la realidad de las explotaciones agrarias valencianas, de modo que los criterios no queden desligados de su estructura productiva.
El director general de PAC ha reclamado también aplazar la obligatoriedad del registro electrónico de los tratamientos fitosanitarios, prevista para el 1 de enero de 2027, y establecer excepciones para las pequeñas explotaciones. Según la Conselleria, el objetivo es evitar nuevas cargas administrativas, especialmente entre los agricultores de mayor edad.
La agenda de trabajo en Bruselas ha incluido, además, contactos con representantes de las regiones italianas de Piamonte y Emilia-Romaña, con las que la Comunitat Valenciana comparte problemas relacionados con la reducida dimensión de las explotaciones, el envejecimiento de sus titulares, el relevo generacional y la disponibilidad de agua en cantidad y calidad adecuadas.
Durante esos encuentros se ha prestado especial atención a la situación del sector arrocero, afectado por la caída de los precios hasta niveles que dificultan la cobertura de los costes de producción. En ese contexto, los representantes de la Generalitat han abordado el proyecto de dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el futuro del sector arrocero en Europa, que plantea la necesidad de impulsar una estrategia común para afrontar los problemas que afectan a esta producción.