El Ayuntamiento de Alicante no quiere otro caso Les Naus. El escándalo en las adjudicaciones de las viviendas de protección pública (VPP) de la Playa de San Juan ha encendido las alarmas. Así, el Patronato de la Vivienda ha decidido reforzar los controles y revisar el procedimiento en curso en la calle Ceuta para evitar posibles nuevas irregularidades.
El organismo municipal ha actualización los pliegos de la enajenación de la parcela de San Blas para la construcción de un nueva promoción de VPP. El consistorio eligió finalmente este mecanismo de venta de suelo público, idéntico al del residencial de la polémica ubicado en la zona de La Condomina, tras el proyecto fallido de levantar un bloque 100% público.
En este sentido, las modificaciones introducidas buscan, según el Ayuntamiento, mejorar el control integral del proceso de comercialización, desde la adjudicación hasta el seguimiento posterior. También se refuerzan aspectos como el control de pagos, el acceso de los compradores, la prevención de conflictos de intereses y el arraigo de los beneficiarios.
Refuerzo de requisitos y supervisión
El Patronato de Vivienda ha avanzado que entre las principales novedades, se exigirá la suscripción de declaraciones de ausencia de conflictos de intereses a todos los implicados en el proceso. Esta obligación afectará a adjudicatarios, subcontratistas, comercializadores, beneficiarios y miembros de la mesa de contratación en el momento de formalizar los contratos.
Además, la empresa adjudicataria deberá presentar un pliego de condiciones de comercialización que tendrá que ser aprobado por el Patronato antes de su aplicación. No se permitirá iniciar la comercialización ni recibir pagos anticipados, como ha ocurrido en Nou Nazareth, hasta obtener la calificación provisional y la autorización de la Consellería de Vivienda.
El documento incluirá la obligación de que los potenciales beneficiarios de las viviendas protegidas firmen su propia declaración de ausencia de conflictos de intereses. Este requisito se extenderá a todos los miembros mayores de edad de la unidad familiar, como parte del proceso de acceso.
Igualmente, el pliego detallará aspectos como el régimen de uso, el número de viviendas, garajes y trasteros de la promoción, así como las superficies útiles y los precios máximos establecidos. También recogerá información sobre formas de pago, plazos de obra y duración del periodo de protección.
Publicidad, listas y control posterior
En materia de transparencia, se incorporarán mecanismos específicos de publicidad de las promociones. Estos incluirán la difusión mediante web o aplicaciones, así como la publicación de modelos de contratos, condiciones de acceso y el modo de asignación de las viviendas (sorteo, baremación, antigüedad de la inscripción...) para garantizar la igualdad de oportunidades.
Una vez finalizado el periodo de inscripción, que deberá durar al menos 30 días, el adjudicatario de la parcela remitirá al Patronato la lista provisional de beneficiarios y la de espera con consentimiento previo. Se abrirá entonces un plazo mínimo de siete días naturales para la presentación de alegaciones antes de la aprobación definitiva de los propietarios.
El control, apuntan fuentes municipales, no concluirá con la adjudicación. El contratista estará obligado a presentar informes trimestrales, o cuando se le requiera, sobre todas las transacciones realizadas con los beneficiarios, incluyendo reservas, contratos, visados y escrituras, para asegurar la trazabilidad del proceso.
El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha señalado que la actualización de los pliegos se realiza para “garantizar la máxima concurrencia y transparencia de la licitación", lo que implicará la apertura de un nuevo plazo de tres meses para la presentación de las ofertas de compra de la parcela por 457.549 euros a cambio de tres inmuebles para el parque municipal.
Dudas entre la oposición
La oposición en el Ayuntamiento de Alicante mira con recelo las medidas anunciadas por el Patronato de Vivienda. El grupo socialista señala que “con el escándalo de Les Naus todavía sin aclarar”, el equipo de gobierno sigue sin incorporar “mecanismos efectivos” en el proceso de inscripción para adquirir una vivienda en este residencial del barrio de San Blas.
La concejala Silvia Castell crítica que “se siga dejando en manos del promotor o la cooperativa” si la adjudicación se realiza por sorteo, baremación o antigüedad en la inscripción. Además, la edil enfatiza que “no se garantiza que el Ayuntamiento pueda supervisar ni fiscalizar ese proceso”.
“No es admisible que el promotor pueda decidir que el primero que llegue se quede con los pisos”, añade, al tiempo que pone en duda la “legalidad” de modificar el pliego de condiciones una vez que el proceso de licitación ya está en marcha. Castell califica el anuncio de “chapuza” y exige que se paralice la venta y se vuelva al proyecto original para la construcción de 32 viviendas de propiedad municipal destinadas al alquiler asequible.