El Ayuntamiento de Alicante continúa su estrategia de distanciamiento con la polémica del residencial Les Naus y ha activado un mecanismo legal para evitar que las viviendas de protección pública (VPP) que salgan a la venta en esta promoción acaben fuera del circuito de vivienda social.
Así, la intención es ejercer el derecho de adquisición preferente para que esos inmuebles, en caso de venderse, se incorporaren al parque público municipal y mantengan su condición protegida para combatir la especulación.
Para hacerlo posible, el consistorio ha anunciado que está ultimando los trámites administrativos con la Generalitat Valenciana para la firma de un convenio de cesión que articula estos derechos de compra preferente.
El acuerdo se apoya en el artículo 53 de la Ley 8/2004 de Vivienda de la Comunitat Valenciana y permitirá intervenir en las operaciones de venta desde el momento en que los propietarios comuniquen su intención de desprenderse de la vivienda. De hecho, la Generalitat ya ha confirmado que está estudiando ese supuesto en un caso, así como tres posibles alquileres.
La concejala de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali, ha señalado que el objetivo del convenio es “evitar especulaciones e incrementar el parque público de vivienda”. Tal y como ha explicado, la aplicación será "inmediata" en la promoción de Les Naus, ubicada en La Condomina, donde ya se han detectado solicitudes de venta de viviendas protegidas.
Las ventas activan el derecho preferente
“Estos derechos de adquisición permiten al Ayuntamiento incorporar estos inmuebles al régimen de protección pública a todos los efectos”, ha afirmado Beldjilali. La edil ha incidido en que este sistema mantiene la calificación protegida sin límite temporal cuando el propietario decide vender.
Esta fue una de las medidas que anunció el alcalde Luis Barcala durante la celebración del Pleno extraordinario este pasado jueves. Una sesión en la oposición en bloque exigió su dimisión y el primer edil pidió "disculpas", calificó la situación de "escándalo" y aseguró que "llegaremos hasta el final" para que "quienes hayan podido obtener viviendas de foma ilegal las devuelvan".
Mientras se formaliza la firma, la Generalitat podrá ceder de manera transitoria la opción preferente de compra al Ayuntamiento en aquellos casos en los que los propietarios ya hayan solicitado la venta o lo hagan en los próximos meses. Esta posibilidad está recogida en la misma Ley, que habilita al gobierno autonómico a ejercer estos derechos en favor de los municipios.
El propio texto legal señala que “la Generalitat podrá ejercer los derechos de adquisición preferente establecidos a favor de un ente local o cualquier ente del sector público institucional autonómico o local con competencias en materia de vivienda”. Esta previsión es la que permite que la administración municipal actúe directamente en operaciones concretas de compraventa.
Tanteo, retracto y recuperación
Una vez cedidos estos derechos, el Ayuntamiento podrá ejercer el tanteo y el retracto sobre las viviendas de Les Naus. Así lo establece el artículo 53 de la ley autonómica, que contempla la cesión de estos mecanismos al municipio donde se ubique la vivienda objeto de la venta, para que pueda ejecutarlos de forma directa o a través de un ente público delegado.
El segundo apartado del mismo artículo establece que la cesión debe formalizarse mediante un convenio que determine las condiciones, el destino de los inmuebles y los criterios de adjudicación. Ayuntamiento y Secretaría Autonómica de Vivienda se encuentran en la fase final de estos trámites, con la previsión de firmar el acuerdo "en los próximos días".
“Con la firma de este convenio damos un paso adelante para recuperar las viviendas que se pongan a la venta por sus propietarios en esta promoción de VPP”, ha destacado Beldjilali. Según ha explicado, el objetivo es que sea el Ayuntamiento quien ejerza el derecho de tanteo o retracto y adquiera los inmuebles para destinarlos a vivienda de protección municipal.
En esa misma línea, Beldjilali ha señalado que el Ayuntamiento recurrirá tanto a ese mecanismo como a la nulidad de compraventas por fraude de ley cuando proceda. “En todo lo que de mí dependa no disfrutará de la vivienda quien no tuviera derecho a ella”, afirmó Barcala en el pleno en referencia a posibles ventas irregulares detectadas en la promoción.