El pleno extraordinario de este jueves 5 de febrero en Alicante sobre el polémico caso que envuelve las adjudicaciones de viviendas protegidas (VPP) a personas vinculadas al Ayuntamiento y la Generalitat ha dejado más dudas que certezas. Eso sí, el alcalde Luis Barcala, quien ha hecho un repaso del proceso, lo ha catalogado por primera vez como un "escándalo".
Muchas de las cuestiones sobre el proceso de selección de los propietarios todavía han quedado en el aire. El primer edil ha recordado que el papel municipal se limita a la enajenación de la parcela y la concesión de la licencia de obras. La adjudicación corresponde a la empresa cooperativista, mientras que la supervisión del cumplimiento de requisitos a la Consellería.
Sin embargo, la tensa sesión plenaria ha puesto negro sobre blanco la cuestión relativa al informe interno de Patrimonio que alertó de los posibles "conflictos de intereses" de, al menos, cuatro altos cargos del Ayuntamiento adjudicatarios en la promoción: la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, la ex directora general de Oganización Interna y un aquitecto municpal.
El informe que encendió las alarmas
Tal y como ha relevado Barcala, el proceso se inició el pasado 15 de enero cuando la jefa de servicio de Patrimonio se reunió con la concejala Nayma Beldjilali para comunicarle que había indicios de posibles incompatibilidades en la adjudicación de pisos de la cooperativa Les Naus.
El órgano municipal localiza esas presuntas irregularidades al cerrar el expediente de enajenación de la parcela. Patrimonio recibió la certificación con toda la documentación por parte de la cooperativa adjudicataria para verificar que la urbanización se ha llevado a cabo con los criterios de vivienda de promoción pública y que los pisos se han adjudicado correctamente.
A petición de la edil, se elaboró un informe detallando estas anomalías, que fue remitido el martes 27 de enero al secretario general del Ayuntamiento y al que el propio alcalde, según ha manifestado, accedió a las 11:46 horas.
Investigación interna
Al día siguiente, el primer edil solicitó abrir un expediente de averiguación de hechos para determinar si funcionarios municipales o cargos públicos habían participado de manera indebida en alguna fase del proceso de enajenación de la parcela situada en la avenida del Historiador Vicente Ramos, en el ámbito de La Condomina de la Playa de San Juan.
El objetivo era esclarecer si se había producido una "intervención decisoria", directa o indirectamente, en el expediente de esta promoción en la que habían resultado propietarios de pisos como cooperativistas, ya fuera personalmente, en el caso de Rocío Gómez y el arquitecto, o por un familiar directo, como sucedía con la directora general al tratarse de dos de sus hijos.
A primera hora del jueves 29 de enero, día en el que la polémica llegó a la luz pública después de que el diario INFORMACION destapara la noticia, el expediente ya estaba formalmente iniciado, según ha detallado Barcala. Fue el pasado martes cuando el Ayuntamiento dio a conocer la conclusión de ese informe, en principio exculpatorio, junto a la denuncia ante la Fiscalía.
“Que le quede claro a todo el mundo. Vamos a llegar hasta el final. Queremos que se aclare si se han falseado documentos, datos relativos a los ingresos y a la situación patrimonial, situaciones familiares y personales, si ha habido pases para la cesión o transmisión de los derechos de adjudicación, y si se han producido alquileres o ventas fraudulentos”, ha asegurado Barcala.
La investigación también contempla dar traslado a la Generalitat de cualquier duda sobre el cumplimiento de los requisitos de los adjudicatarios. “En definitiva, vamos a asegurarnos de que el que haya cometido alguna irregularidad la pague y que se aplique la ley con la máxima contundencia posible”, ha concluido el primer edil durante su intervención en el pleno.