Las primeras conclusiones de los estudios realizados por la Cátedra de Turismo de la Universidad de Alicante han instado al Ayuntamiento de la necesidad de poner freno a la proliferación de pisos turísticos en la ciudad. Aunque todavía no han trascendido los detalles concretos de los informes, los datos aconsejan detener su crecimiento en áreas como Carolinas y el Casco Antiguo, así como iniciar medidas exhaustivas de control e inspección para detectar posibles apartamentos ilegales y aplicar sanciones.
Así, la Brigada de Disciplina Urbanística de la Policía Local ha reforzado sus actuaciones a través de la colaboración de los agentes de la Policía de Barrio. Se trata de una estrategia que el Ayuntamiento puso en marcha durante el mes de septiembre tras el Decreto Ley 9/2024 del Consell que permitía transferir a los municipios las competencias para sancionar de manera directa las infracciones relacionadas con las viviendas de uso turístico. Desde entonces, Alicante ha levantado más de un centenar de actas de suspensión.
"Estamos volcados en el control de irregularidades en la actividad de las viviendas de uso turístico y pondremos todos los medios necesarios para evitar que este negocio se desarrolle de forma ilegal en Alicante”, asegura la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez. Estas medidas se suman a la moratoria de dos años anunciada por el alcalde, Luis Barcala, que suspende la concesión de nuevas licencias y otros permisos necesarios para la implantación de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la capital alicantina.
Sin embargo, esta medida, que será elevada a votación durante la próxima sesión plenaria el 19 de diciembre, tan solo se aplicará a las viviendas particulares integradas en bloques residenciales. Tal y como adelantó el portavoz municipal, Manuel Villar, la iniciativa privada que persigue transformar inmuebles completos en apartamentos de alojamiento temporal podrá seguir operando sin restricciones. Los colectivos sociales contra el turismo masivo apuntan que “de esta forma no se ataja el problema” y califican esta decisión de “engaño”.
Expedientes de suspensión
El cerco a los apartamentos turísticos irregulares es la primera y principal recomendación estratégica que se extrae de los estudios sobre esta situación elaborados por la Cátedra de Turismo de la UA. En concreto, recomienda “imponer multas económicas a aquellos que operen sin licencia y, en casos de infracciones graves, como la reincidencia o la falta de adecuación de la propiedad a las normativas, se podría revocar de inmediato la licencia”.
Además, el informe aboga por “establecer un sistema de seguimiento y control periódico que permita la detección temprana de infracciones, asegurando un mejor manejo del impacto del turismo en los barrios residenciales”. En este sentido, el Ayuntamiento de Alicante ha solicitado formalmente a la Generalitat asumir las competencias para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores en materia de viviendas de uso turístico ubicadas en el término municipal de Alicante.
De hecho, el consistorio ha explicado en un comunicado que en los últimos meses se han abierto un centenar de actas de infracción y tramitado los correspondientes expedientes de suspensión de actividad a apartamentos turísticos que no cumplían con la normativa. La mayoría de los expedientes se focalizan, detallan fuentes municipales, en apartamentos turísticos sin licencia localizados en la playa de San Juan y la zona centro de Alicante.
A su vez, desde Urbanismo recuerdan que para ejercer la actividad no es suficiente con estar registrado en la conselleria de Turismo, sino que hay que obtener la compatibilidad urbanística y la correspondiente licencia. Tras tener constancia, a través de la inspección, de que se está desarrollando la actividad turística en un apartamento de forma ilegal, el Ayuntamiento notifica al propietario la orden de suspensión de actividad. En caso de que la siga ejerciendo, se procede entonces al precinto del apartamento.
La imposición de sanciones le corresponde, hasta el momento, al Consell, pero está previsto que la competencia se traslade al Ayuntamiento de Alicante a corto plazo. Estas sanciones, que pueden alcanzar, en función de la gravedad, hasta los 600.000 euros, no solo se aplican a los apartamentos turísticos sin licencia, sino a aquellos que la tienen y cometen cualquier otro tipo de infracción que incumpla la normativa