El hospital de la controversia en Alicante suma otro capítulo. El Ayuntamiento aborda este viernes en la Comisión de Urbanismo la modificación puntual del plan parcial del sector PE/APA-9 para cambiar el uso de la parcela en la que se está levantando este complejo sanitario privado en Vistahermosa Norte. Y lo hace en un contexto marcado por las irregularidades detectadas en las obras al construir dos alturas más de las permitidas.
De hecho, esta modificación urbanística, que pretende cambiar la calificación de uso residencial a dotacional, estaba prevista para el pasado mes de julio. Sin embargo, el esqueleto del edificio, que ya llevaba más de año y medio en construcción, permitía observar una estructura de cuatro plantas que excedía el límite de dos estipulado en la licencia municipal de obra otorgada a la mercantil MPT S.L. Alicante en noviembre de 2022.
El Ayuntamiento inició entonces un expediente sancionador y ordenó en septiembre la paralización de las obras, aunque el juez de Instrucción número 2 de Alicante anuló el dictamen municipal y dio la razón de forma parcial a la empresa para continuar con la construcción. Eso sí, únicamente de las plantas incluidas dentro de la licencia en vigor, quedando paralizadas, en este caso, las que quedaban fuera de la autorización urbanística.
Compatibilidad del proyecto
El vicealcalde y portavoz municipal, Manuel Villar, asegura que la construcción del hospital privado en Vistahermosa cuenta con el certificado de compatibilidad urbanística necesario para su desarrollo. "La calificación de la parcela en la que se ubica es apta para la actividad de hospital", señala Villar, quien recalca que la licencia concedida en 2022 a la empresa MPT S.L. Alicante es "perfectamente compatible con el planeamiento vigente".
El expediente de exposición pública que se debate este viernes en la Comisión de Urbanismo, previa al Pleno de este mes de febrero, plantea el “cambio de calificación de la manzana M-15 para implantar un uso dotacional sanitario de titularidad privada". A su vez, la propuesta pretende "incrementar la edificabilidad y elevar una altura de la permitida actualmente” conforme a lo dispuesto en el Art. 37 del TRLOTUP del Consell.
“Más transparencia”
El PSOE acusa al gobierno municipal de modificar el planeamiento “haciendo un traje urbanístico a medida beneficiando a intereses privados”. Además, reclama toda la documentación para determinar su postura. "El problema es la opacidad y la falta de transparencia. No se nos puede exigir votar a ciegas cuando sabemos que se ha cometido una ilegalidad y se nos sigue ocultando información", insiste su portavoz, Ana Barceló.
Aún así, según explica Villar, esta modificación puntual no busca regularizar el uso del suelo donde se ubica el recinto, sino que es una “consecuencia directa” de la modificación 42 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobada en enero de 2024 con el respaldo del PSOE, Vox y Compromís, y la abstención de EU-Podem. Se trata del “marco jurídico habilitante” al separar los usos dotacionales públicos de los privados.
En este contexto, el vicealcalde critica las declaraciones de la portavoz socialista y considera que "actúa con mala fe, retorciendo los hechos cuando habla de legalizar presuntas irregularidades". Asimismo, Villar subraya que este cambio se trata de la “aplicación directa de una modificación urbanística que ellos mismos aprobaron".
De la misma manera, el portavoz del equipo de gobierno incide en que “existe constatación por escrito de que el grupo municipal socialista ha tenido acceso al expediente relativo a la construcción de este hospital privado”, en referencia a la afirmación de Barceló de que el PSOE ha solicitado desde julio de 2024 la documentación sobre la licencia de obra y la compatibilidad urbanística y “siguen sin ser facilitados a los grupos de la oposición".
Sanción "sin precedentes"
Al mismo tiempo, Villar aclara que la tramitación de este expediente urbanístico de modificación puntual número 4 del sector PE/APA-9 no implica la paralización de los procedimientos sancionadores abiertos a la empresa promotora por la ejecución irregular de las obras. "Las irregularidades conllevarán una sanción que será histórica y sin precedentes en Alicante", afirma sin avanzar ningún datos sobre las posibles cuantías.
El equipo de gobierno asegura que dos informes avalan que continuar con su tramitación es compatible con la existencia de sendos expedientes de restauración de la legalidad urbanística y sancionador. En este sentido, el informe de Planeamiento establece que el expediente “se está tramitando al amparo de la modificación puntual número 42 del PGOU, en el marco del interés general de la ciudad y conforme a la legalidad vigente”.
El informe de Disciplina Urbanística, por su parte, señala que la normativa TRLOTUP en la Comunidad Valenciana establece que estos expedientes “no impiden, condicionan o cuestionan la tramitación del planeamiento, sino que regula la posible suspensión en aquellos casos en los que se hallare en tramitación algún instrumento de planeamiento que pudiese legalizar la actuación afectada sin licencia".