Casi una década. La tramitación en el Ayuntamiento de Alicante de la polémica promoción de viviendas protegidas de Les Naus, en la avenida Historiador Vicente Ramos, recorre distintas fases administrativas, judiciales y urbanísticas desde el inicio del expediente en el año 2016.
Así lo detalló este jueves el alcalde Luis Barcala durante el pleno extraordinario para abordar el caso. Una sesión que no despejó dudas sobre las posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de los pisos a personas vinculadas con la administración local y autonómica.
El primer edil se apresuró a remarcar que el recorrido del proyecto en el Ayuntamiento se limita a la enajenación de la parcela municipal, su adjudicación y venta a la cooperativa, así como a la concesión de la licencia de obra para la construcción de la urbanización. Un camino tortuoso con cambios de gobierno, recursos contenciosos y resoluciones judiciales.
El destino de la parcela colea desde el año 2008 —aunque el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, incluso lo sitúa en 2007— cuando dentro del Plan de Vivienda Municipal ese mismo suelo ya aparecía como emplazamiento para viviendas de protección oficial. Dos años después, sin embargo, volvió a figurar en la agenda del Ayuntamiento, aunque esta vez con un planteamiento distinto al contemplarse entonces un nuevo conservatorio de música.
El inicio del expediente y la decisión sobre la parcela
El primer paso formal se produce el 26 de enero de 2016, durante la época de gobierno del tripartito, cuando la concejalía de Urbanismo dirigida por el entonces vicealcalde Miguel Ángel Pavón (Guanyar) inicia la valoración de la parcela municipal situada en el ámbito de la Condomina.
Esta valoración era un trámite previo indispensable para poder tramitar su enajenación y para decidir su destino. En ese momento se adopta la decisión de dedicar ese suelo a la promoción de vivienda protegida, pese a que la parcela tenía carácter libre y no estaba obligada a ese uso.
Meses después, el 30 de mayo de 2016, la concejala socialista de Hacienda y Patrimonio, Sofia Morales, inicia materialmente el expediente de enajenación de la parcela. Barcala subrayó en su intervención que con este trámite se concreta el emplazamiento de la promoción y el modelo de desarrollo, basado en una iniciativa privada a través de licitación pública.
En julio de ese mismo año, un informe del órgano gestor (Patrimonio) ya recoge expresamente el destino de la parcela a Vivienda de Protección Oficial, término con el que se nombraba a todos proyectos de vivienda pública antes de la introducción de las Viviendas de Protección Pública (VPP).
Cuando llegamos al gobierno en 2018, el expediente se encuentra tramitándose en Contratación en estos términos, a instancias de Patrimonio para licitar la enajenación de la parcela
Durante los dos años siguientes, el expediente continúa su tramitación. Cuando se produce el cambio de gobierno municipal en 2018, el procedimiento se encuentra en el área de Contratación, a instancias de Patrimonio, pendiente de avanzar hacia la licitación.
El nuevo ejecutivo decide "dar continuidad al trabajo ya realizado y proseguir con el expediente en los términos en los que había sido planteado", aseguró el alcalde Luis Barcala en el Pleno extraordinario de este jueves.
Licitación, recursos y resoluciones judiciales
La licitación de la enajenación de la parcela se publica el 5 de septiembre de 2018, y es el 17 de octubre cuando se abren las propuestas presentadas en la Mesa de Contratación. No obstante, pocos días después, el 23 de octubre, el proceso se paraliza tras la presentación de un recurso contra los pliegos: dos mercantiles cuestionan el sistema de desempate previsto.
La Junta de Gobierno admite el recurso de Provia y Block Arquitectura S. L. y acuerda anular la cláusula de desempate basada en el criterio temporal, sustituyéndola por un sorteo en caso de igualdad entre ofertas. Esta modificación da lugar a un nuevo frente judicial, ya que la cooperativa Les Naus recurre la decisión ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
En una primera instancia, el juzgado desestima la demanda y avala la actuación municipal. Sin embargo, tras un recurso posterior, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana revoca la sentencia inicial y falla a favor de la cooperativa. La resolución judicial declara firme la adjudicación de la parcela, obligando al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia.
Como consecuencia, el 22 de marzo de 2022 se formaliza la adjudicación de la enajenación de la parcela, dando por cerrada esta fase contractual.
Licencia de obra y cierre del expediente
En paralelo al desarrollo judicial del expediente de enajenación, el proyecto avanza en el ámbito urbanístico. El 29 de julio de 2022 se presenta la solicitud de licencia de obra mayor para la promoción de viviendas, iniciándose un nuevo expediente independiente del anterior. Tras la tramitación técnica correspondiente, la licencia se concede el 21 de diciembre de 2022.
El 8 de octubre de 2024, la Junta de Gobierno aprueba la sustitución del director del contrato, que se había jubilado. En aquella reunión participó la ahora exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, una de las personas vinculadas al Ayuntamiento que han resulado adjudicatarias —junto a sus suegros— de una de las viviendas protegidas en la Playa de San Juan.
El alcalde Luis Barcala señaló que, aunque Gómez intervino en aquella Junta de Gobierno, el expediente de averiguación de hechos que el primer edil solicitó tras conocerse los posibles "conflictos de intereses" de altos cargos municipales descartó que tuviera una "relevancia o trascendencia" que pudiera incurrir en una "incompatibilidad".
Posteriormente, el 4 de febrero de 2025, la Junta de Gobierno aprueba una modificación del contrato relacionada con la interpretación de los plazos de ejecución y con cambios en la superficie de la piscina. Barcala enfatizó esta modificación no altera la adjudicación, pero ajusta determinados aspectos técnicos de la actuación. Además, quiso recalcar que Gómez estaba de baja médica en aquella sesión y, por tanto, no participó de la misma.
El último trámite pendiente corresponde al cierre formal del expediente de enajenación desde el área de Patrimonio. Para ello, se requirió a la cooperativa la presentación de un listado certificado de todas las personas adjudicatarias de las viviendas. Esta documentación tiene entrada en el Ayuntamiento el 15 de enero de 2026. Esa fue la documentación que destapó las presuntas irregularidades que ahora investigará Fiscalía.