La investigación sobre las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus, en Playa de San Juan, incorpora un nuevo testimonio clave. La jueza que instruye el procedimiento ha citado como testigo al exconcejal de Hacienda y Patrimonio en el Ayuntamiento de Alicante, Toni Gallego, que deberá declarar el próximo 30 de septiembre a las 10:00 horas.
Así lo ha acordado la magistrada este jueves después de las revelaciones que realizó durante su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts sobre la presunta adjudicación irregular de estos pisos, la primera promoción pública en la ciudad tras más de veinte años.
Y es que Ciudadanos, que actúa como acusación particular, había solicitado que Les Corts remitiera al juzgado toda la documentación de la comparecencia, incluidas las actas certificadas y la grabación íntegra. La jueza ha aceptado ahora esta petición y ha requerido a la Mesa del Parlamento que envíe ambos materiales para incorporarlos a la causa.
Gallego aseguró que Gómez le dijo que tenía una vivienda
Durante su intervención en la comisión, Gallego explicó que Gómez le pidió "tres o cinco minutos antes" del pleno municipal de julio de 2024 que respondiera en su lugar a una pregunta oral relacionada con la clasificación urbanística de Les Naus. En ese momento, él acababa de asumir las competencias de Patrimonio que anteriormente tenía Gómez.
"Justo antes de contestar, en una sala anexa al pleno me pide que, por favor, responda yo y me da un papel con la respuesta preparada", relató. Según explicó, el documento señalaba que la promoción "cumplía con la legalidad".
Fue entonces, según su versión, cuando la exedil le comunicó: "yo tengo ahí [en Les Naus] una casa; es todo legal, de antes de que entrara en política, pero no quiero que lo mezclen". Gallego aseguró que esa afirmación se produjo "sin mediar ninguna pregunta" por su parte.
Patrimonio detectó posibles incompatibilidades en las adjudicaciones
El alcalde Luis Barcala explicó en el pleno extraordinario y monográfico sobre la polémica que el Servicio de Patrimonio debía verificar, antes de cerrar el expediente de enajenación de la parcela municipal, que la urbanización se había realizado "con los criterios de vivienda de promoción pública" y que las viviendas habían sido adjudicadas "efectivamente".
La alerta llegó el 15 de enero, cuando la jefa del Servicio de Patrimonio acudió al despacho de la concejala del área, Nayma Beldjilali, tras recibir información sobre las adjudicaciones. Allí advirtió de "posibles incompatibilidades de personal del Ayuntamiento respecto a la adjudicación de viviendas de la cooperativa Les Naus". Ante esta situación, Beldjilali le pidió que elaborara "un informe" detallando las posibles irregularidades.
Ese documento fue enviado el 27 de enero al secretario general del Ayuntamiento, que, según el consistorio, trasladó la información al alcalde mediante un mensaje al que accedió a las 11.46 horas. Al día siguiente, miércoles 28, el primer edil solicitó al secretario que iniciara un expediente de averiguación de hechos para analizar lo ocurrido.
La causa mantiene a 15 personas como investigadas
La investigación judicial sobre Les Naus mantiene por ahora a 15 personas en calidad de investigadas, entre ellas la exconcejala Rocío Gómez, que abandonó su puesto después de conocerse que había resultado adjudicataria de una vivienda en el residencial.
Durante su comparecencia en Les Corts el pasado 23 de julio, el presidente de la cooperativa, Luis Alberto Meler, señaló, además, que Gómez tenía intención de vender el piso y que el promotor Francisco Ordiñana, también investigado y vinculado a la mercantil Fraorgi, quien gestionó el proceso de adjudicación, pretendía hacer lo mismo con el ático.
Entre las personas investigadas figura también María Pérez-Hickman, jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante. La responsable dejó su cargo como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos después de conocerse que dos de sus hijos y un sobrino figuraban como beneficiarios de viviendas en Les Naus.
El listado de investigados incluye, asimismo, a otros funcionarios y técnicos del Ayuntamiento y de la Conselleria de Vivienda, entre ellos el responsable de los visados de las VPP, además de distintos adjudicatarios de las viviendas.