La investigación judicial sobre las posibles irregularidades en las viviendas protegidas de Les Naus coge carrerilla. Tres cargos de la Dirección Territorial de Vivienda en Alicante, encargada de revisar que los adjudicatarios cumplian los requisitos, han comparecido este miércoles en el Juzgado de Instancia e Instrucción número 5 en la primera sesión testifical.
Los testimonios del director, la jefa del Servicio y el secretario territorial adjunto, en calidad de “testigos peritos”, han señalado que el promotor adjudicatario de la parcela sobre la que se construyó este residencial en la Playa de San Juan asignó los pisos “personalmente”.
Este aspecto ha generado preocupación entre las partes implicadas, al evidenciar posibles “lagunas normativas”. Así lo ha expresado ante los medios de comunicación a la salida del juzgado el abogado Eduardo García-Ontiveros, que representa a la acusación popular de Ciudadanos en la causa.
Sin normativa clara
Según el letrado, los testimonios han señalado que todos los trámites se realizaron de forma telemática. Los requisitos económicos se verificaban mediante la renta y el Registro de la Propiedad, aunque se ha reconocido que no se comprobaba si los solicitantes tenían más bienes a través de sociedades.
Además, la composición de la unidad familiar se acreditaba únicamente mediante una “declaración responsable”. Este mecanismo, habitual en muchos procedimientos administrativos, apunta el abogado, deja margen a posibles “inexactitudes” si no se realiza una verificación posterior “más exhaustiva”.
Los cargos citados han explicado que el promotor debía cumplir ciertos requisitos, pero han trasladado que no existe una normativa que obligue a la administración a exigir que cumpla con esas condiciones. Esta falta de regulación concreta ha sido señalada por García-Ontiveros como uno de los “puntos débiles” del sistema en el caso Les Naus.
La adjudicación directa
“El que adjudica realmente la vivienda pública es el promotor”, afirma el abogado de la acusación popular de Ciudadanos tras las declaraciones. Según su interpretación, esta situación abre “un coladero” que permitiría actuaciones irregulares “sin un control administrativo suficiente”.
El hecho de que el promotor realizara adjudicaciones de forma directa y personal ha sido uno de los elementos más cuestionados. "Se abre un abanico enorme, como ha ocurrido en este caso presuntamente, para que los promotores hagan cosas que no tienen que hacer", ha añadido.
Posteriormente, es la Conselleria de Vivienda la que debe verificar que se cumplen los requisitos para acceder a las viviendas y visar los expedientes. En este sentido, el letrado ha manifestado que en la sesión los comparecientes han considerado al técnico que fue expedientado como responsable "único" de los 140 expedientes de las VPP investigadas.
Asimismo, han reconocido que se está trabajando en cambios normativos. El objetivo es que en el futuro, con múltiples promociones del Plan Vive en el horizonte que siguen la misma fórmula de venta de suelo público por permuta, se puedan exigir de manera “más clara y vinculante” los requisitos que deben cumplir los promotores.