El nuevo decreto de vivienda paraliza el desahucio de una mujer y sus tres hijos menores en Alicante

La resolución judicial suspende el lanzamiento hasta el 2030: la familia reside en el piso desde 2014 y no dispone de una alternativa habitacional

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Pancarta durante la manifestación por el derecho a la vivienda en Alicante
Pancarta durante la manifestación por el derecho a la vivienda en Alicante
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Primeras consecuencias positivas en Alicante tras la nueva aprobación del Gobierno de los dos decretos de vivienda que hace menos de una semana tumbó el Congreso. La entrada en vigor de estos dos nuevos textos ha paralizado el desahucio de una mujer y sus tres hijos menores. 

La suspensión supone, de momento, un alivio inmediato para esta familia, que tenía que abandonar la vivienda este jueves a primera hora. Así lo ha explicado este miércoles el Sindicat de Vivenda Carolines, una de las entidades organizadoras de la acampada que desde el pasado sábado ha tomado la plaza de la Montañeta con casi un centenar de personas. 

El colectivo han enfatizado en la situación de vulnerabilidad económica de la familia y la ausencia de una alternativa habitacional. La resolución judicial establece así la suspensión del lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2030, en aplicación del nuevo marco aprobado por el Gobierno.

Una vivienda vinculada a un alquiler social

El sindicato ha detallado que la vivienda estaba inicialmente bajo el paraguas de un alquiler social del Banco Sabadell. Posteriormente, el activo habría pasado a Promontoria, vinculada al fondo Cerberus, y el contrato no habría sido renovado. Fue entonces cuando se inició el procedimiento de desahucio, pese a que la familia continuaba residiendo en el inmueble.

Manifestación en Alicante por el derecho a una vivienda digna
Manifestación en Alicante por el derecho a una vivienda digna

La mujer vive allí desde 2014 y desde la entidad ponen el foco en la actividad inmobiliaria que, según señalan, se desarrolla actualmente en el entorno de la vivienda. En concreto, el Sindicat de Vivenda Carolines asegura que VR Property Alicante, filial comercial del grupo VR Casas, mantiene publicado un anuncio de una vivienda en una cuarta planta de la calle Ágata. 

El inmueble aparece presentado como una "great bargain opportunity", con un precio de 88.000 euros. La inmobiliaria ofrece además, según denuncia el colectivo, dos noches de hotel gratuitas a los potenciales compradores que visiten propiedades con la agencia. 

La organización apunta, a su vez, que en esa misma calle existe otra vivienda anunciada por el entramado empresarial de VR Casas como una "excelente oportunidad para inversores". El sindicato manifiesta que este caso es solo un ejemplo más de una problemática de encarecimiento del precio en la zona norte por la actividad especulativa.

Los decretos de vivienda vuelven a un Congreso ya disuelto

El Consejo de Ministros aprobó este martes, de nuevo, los dos reales decretos-ley que incluyen 21 medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Entre ellas figuran ayudas a la compra de la primera vivienda, incentivos fiscales para inquilinos y propietarios que no suban el alquiler, protección frente a desahucios y medidas para ampliar el parque público.

Además, el Gobierno incorpora controles contra la especulación inmobiliaria y limita hasta 2028 la adquisición de bloques completos de los llamados fondos buitre. También se contemplan nuevas reglas para regular los alquileres de temporada y turísticos.

La tramitación tendrá ahora un recorrido excepcional, pues las Cortes están disueltas tras el adelanto de las elecciones generales. Por este motivo, los decretos deberán ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso dentro. Este órgano cuenta con 69 diputados y asumirá las funciones parlamentarias durante el periodo electoral.

En este caso, el apoyo de Junts no es indispensable para que estos dos nuevos textos, que incorporan algunas modificaciones para su encaje legal, salgan adelante. El primero podría ratificarse con el ‘sí’ del PNV, aunque el segundo decreto, el que forzó Sumar con la prórroga automática de los contratos de alquiler, sigue sin tener el respaldo suficiente. 

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