Avanza el camino judicial del escándalo que envuelve la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha acordado las primeras diligencias en la investigación sobre la polémica promoción en la Playa de San Juan.
Así, la magistrada ha dictado este miércoles una providencia en la que ordena recabar toda la documentación disponible para avanzar en el procedimiento abierto a mediados de este mes de febrero.
La resolución judicial responde a la apertura de diligencias previas tras la recepción de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias que cuestiona el proceso de adjudicación de varias VPP. El juzgado centra ahora sus actuaciones en la recopilación de expedientes administrativos y comunicaciones vinculadas a la tramitación de esas viviendas.
Reclamación de expedientes oficiales
En concreto, la instructora ha solicitado documentación al Ayuntamiento de Alicante, al Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda, Juventud, Empleo e Igualdad y a la Cooperativa de Residencias Les Naus. La petición coincide con la realizada previamente por la Fiscalía Anticorrupción dentro de sus diligencias preliminares tras las denuncias interpuestas en su momento por el PSOE, el consistorio alicantino y la Generalitat.
El juzgado requiere información relacionada con los criterios de adjudicación, listados de beneficiarios y resoluciones administrativas emitidas durante el proceso. Con esta medida, la magistrada busca incorporar al procedimiento judicial todos los antecedentes necesarios para analizar las actuaciones desarrolladas en torno a esta promoción de protección pública.
La investigación se inició formalmente el pasado 11 de febrero después de que Manos Limpias presentara una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Personas señaladas
La denuncia se dirige contra nueve personas. La magistrada ha acordado integrar en la causa las actuaciones abiertas previamente por la Fiscalía de Alicante. De hecho, en cumplimiento de ese requerimiento, el Ministerio Público ya ha remitido al juzgado las diligencias preliminares que mantenía abiertas a raíz de las denuncias anteriores relacionadas con estas adjudicaciones.
El objetivo es unificar en un único procedimiento todas las acciones legales vinculadas a los mismos hechos. El alcalde Luis Barcala espresó en el día de ayer su “confianza máxima en la justicia” y ofreció “máxima colaboración” por parte del consistorio para que las pesonas que accedieron a las VPP sin derecho a ello "no queden impunes".
El caso trascendió después de que el diario INFORMACIÓN destapara que la exconcejala Rocío Gómez, familiares de la exdirectora general de Organización Interna y un arquitecto municipal, que presuntamente intervino de facto en la gestión del contrato durante 2024 sin advertir su condición de cooperativista, figuraban entre los adjudicatarios de las viviendas
Además, el terremoto provocó también la renuncia del jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio al hacerse pública la vinculación familiar de una beneficiaria, así como la suspensión de empleo y sueldo de un técnico de la Conselleria de Vivienda por visar la entrega de un piso a su mujer, arquitecta del Ayuntamiento de Alicante —expedientada—, sin que costaran “datos relevantes” sobre sus ingresos.