El caso Les Naus deja sus primeras renuncias mientras avanza la investigación administrativa y comienza a desarrollarse el camino judicial. Dos adjudicatarios de viviendas de protección pública (VPP) de la polémica promoción en Playa de San Juan han comenzado los trámites para devolver sus inmuebles en esta urbanización ubicada en Historiador Vicente Ramos.
Así lo ha confirmado este martes el alcalde Luis Barcala en rueda de prensa, quién confía en que estas renuncias sean “solo el inicio” de un proceso destinado a garantizar que los pisos lleguen “exclusivamente” a quienes cumplen con los requisitos legales y sociales para acceder a ellos.
“No son figuras públicas”
Barcala no ha entrado en valoraciones o detalles sobre las razones específicas que han motivado a las dos personas adjudicatarias a renunciar a las casas, citando Ley de Protección de Datos, aunque ha señalado que podría tratarse de cambios en sus circunstancias personales o de una interpretación equivocada de los requisitos para acceder a las viviendas.
El primer edil ha explicado, eso sí, que los beneficiarios que han rechazado los pisos no son ninguna de las figuras públicas ni de relevancia mediática que han resultado agraciados con alguna de las viviendas, como la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, dos arquitectos municipales expedientados, o los hijos de la exdirectora general de Organización Interna.
“Las peticiones de renuncia no corresponden con ninguna de las personas que han sido objeto de dimisiones o expedientes tanto en la administración local como en la autonómica”, ha aclarado. Y es que en las últimas semanas se ha conocido que al menos el 10% de los propietarios estaban vinculados a Ayuntamiento, Generalitat, la promotora o el notario de la promoción.
Llamamiento a la devolución voluntaria
Barcala ha lanzado durante su comparecencia un llamamiento a quienes tengan dudas sobre la legalidad de su acceso a estas viviendas para que las devuelvan de forma voluntaria. “Si alguien tiene la más mínima duda de si accedió con derecho, lo correcto es entregarlas”, ha subrayado.
“La contundencia y la dureza con la que se va a actuar desde todas las administraciones en este caso recomienda que a todo aquel que sea consciente de no haber cumplido con los requisitos o de no haber accedido a las viviendas de una forma regular, lo arregle”, ha aseverado el alcalde en alusión a las acciones penales o administrativas contra los implicados.
Sobre cómo se reasignarán las viviendas vacantes, un proceso bajo sospecha que llevó a cabo la cooperativa en la primera fase de adjudicación de las casas, el alcalde ha aclarado que será la Conselleria de Vivienda la que determine los procedimientos. “La Generalitat cogerá ahora las riendas en cuanto a la sustitución de los pisos, porque son ellos quienes tienen la competencia de garantizar que lleguen a personas con derecho legal”, ha explicado.
Así, Barcala ha detallado que la devolución de las viviendas no se trata de un simple “aquí te dejo las llaves”, ya que requiere un proceso formal mediante escritura, dado que implica revertir una “operación inmobiliaria que ya se ha realizado”. En este sentido, ha insistido en que corresponde a la Conselleria determinar el procedimiento exacto de sustitución de propietarios.
Denuncia en Fiscalía
Asimismo, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento presentó una denuncia ante la Fiscalía para garantizar que las viviendas de protección pública lleguen únicamente a quienes tienen derecho real a ellas.
“Nuestra obligación es proteger el interés general”, ha señalado al mismo tiempo que añadía que cualquier intento de acceder a los inmuebles mediante fraude, irregularidad o cualquier tipo de ilícito penal “no quedará impune”.
Barcala ha recalcado que la prioridad es que “absolutamente ninguna de las viviendas pueda quedarse en manos de quien no tenía derecho a ella”. Estas acciones, ha concluido, buscan asegurar que los pisos, para los que se facilitó el suelo público con la enajenación de la parcela, cumplan con su “función social”.