Se estrecha el cerco en torno a la polémica promoción de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante. A pocas semanas de que se cumpla el plazo máximo de seis meses para ocupar estos inmuebles como residencia habitual, la Conselleria de Vivienda ha pedido formalmente al Ayuntamiento que movilice a la Policía Local para comprobar quién reside realmente.
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, explicó este lunes que el requerimiento fue remitido el pasado viernes e incluye dos peticiones: conocer qué personas figuran empadronadas en las viviendas y realizar visitas presenciales para verificar su ocupación efectiva.
Foco en las viviendas con autorización excepcional
La solicitud abarca el conjunto del edificio, aunque presta especial atención a tres viviendas cuyos propietarios han pedido una autorización excepcional para no residir en ellas. “Queremos que el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, nos confirme si viven o no viven en esas viviendas y, si no es así, quién está viviendo”, indicó la consellera.
El departamento autonómico ya confirmó que al menos dos adjudicatarios han alegado residir fuera de España para justificar esa situación. Sin embargo, ninguno ha tramitado la autorización para arrendar la vivienda conforme a las condiciones establecidas por la Generalitat, mientras que un tercer propietario ha solicitado permiso para venderla al precio máximo legal.
¿En qué casos se puede alquilar o vender una VPP?
La normativa autonómica establece que las viviendas protegidas deben destinarse con carácter general a residencia habitual y permanente. Solo se admiten excepciones en supuestos muy concretos y previamente regulados.
Entre ellos figuran los casos vinculados a programas de integración social o de preparación para la vida independiente, así como situaciones de emergencia —como las relacionadas con violencia contra la mujer o terrorismo— y determinadas circunstancias familiares o laborales, siempre que estén debidamente justificadas y acreditadas.
Este periódico había intendado recabar la versión del Ayuntamiento de Alicante, sin obtener confirmación sobre si la Policía Local había iniciado ya las inspecciones o tenía previsto hacerlo en los próximos días. Poco después el propio alcalde Luis Barcala ha comparecido para anunciar que el cuerpo municipal comprobará "piso a piso" quién reside en ellos.
Verificación administrativa y registral
El control impulsado por la Conselleria no se limita al padrón municipal. Camarero ha detallado que su departamento ha acudido también al Registro de la Propiedad para contrastar los datos de adjudicación con la titularidad inscrita.
“Hemos ido al registro de la propiedad y estamos comprobando si se han registrado las personas que visaron o que pidieron los visados, para hacer toda la comprobación que está en nuestras manos y ver si quien pidió el visado es quien se ha registrado y si quien se ha registrado es quien vive en las viviendas”, explicó.
Según trasladó, la actuación busca reforzar “esa vigilancia y ese control sobre quién reside en estas viviendas” y asegurar que el uso se ajusta a la finalidad prevista en la normativa de vivienda protegida.
Plazos abiertos y posibles actuaciones
En paralelo a la petición de inspección, la Conselleria mantiene abiertos varios requerimientos de información. Al menos diez adjudicatarios han recibido solicitudes de documentación complementaria, al igual que la promotora de la urbanización. El plazo otorgado a esta última concluye este viernes, mientras que el resto de propietarios dispone hasta el lunes para remitir la información requerida.
“Estamos todavía esperando que nos remitan esa información”, subrayó Camarero. Esta revisión administrativa se intensificó tras conocerse que un funcionario de la Dirección Territorial de Alicante, suspendido de empleo y sueldo, validó el visado de una vivienda solicitada por su esposa, arquitecta municipal, sin incluir sus datos personales y alegando un régimen de separación de bienes.
La Generalitat ha avanzado que, si se detectan incumplimientos de los requisitos legales o irregularidades en el proceso de adjudicación, podrá ejercer el derecho de lesividad como paso previo a acudir a la vía judicial con el objetivo de anular las adjudicaciones.
Además, el convenio suscrito recientemente entre la Conselleria y el Ayuntamiento permitirá al consistorio ejercer el derecho de tanteo y retracto si algún propietario solicita vender su vivienda protegida.
Camarero enmarcó la promoción en el periodo del anterior Consell y afirmó que “nace” y “se desarrolla en tiempos del Botànic”, al tiempo que la calificación se tramitó bajo la normativa entonces vigente. “Si algo ha fallado, fueron los controles del Botànic”, concluyó.