La ciudad de Alicante sufre el enésimo varapalo judicial respecto a los macrodepósitos del Puerto. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado el escrito de nulidad presentado por el Ayuntamiento de Alicante a finales del mes de enero contra la sentencia que reconoce a la mercantil XC Business 90 S.L. el derecho a la concesión de la licencia para la instalación de esta planta de almacenaje de combustible.
La resolución, a través de una providencia notificada este martes –y avanzada por Radio Alicante Cadena Ser y Alicante Plaza–, avala la validez de la sentencia en firme emitida por el alto tribunal autonómico en abril de 2024 que dio la razón a la empresa por “silencio administrativo positivo” para continuar con la tramitación del proyecto en el muelle 19. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV fundamenta su decisión en dos razones principales.
En primer lugar, señala que el Tribunal Supremo ya se pronunció de forma implícita respecto a la “oportunidad y conveniencia” del fallo del TSJCV al inadmitir el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento. En segundo lugar, indica que la propia sentencia del pasado abril establece que la solicitud de permiso presentada por XC Business 90 para la construcción de los depósitos de carburante no está sometida a “autorización ambiental integrada según la Ley 2/2006”, y que incluso se estipula en informes municipales previos.
Agotar las vías jurídicas
El auto del TSJCV también rechaza la argumentación del Ayuntamiento para solicitar la nulidad de la sentencia. El escrito elevado por el consistorio esgrimía que “no se había tenido en cuenta” el fallo 76/2022 del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional el artículo 60.2 de la ley autonómica aprobada en Les Corts Valencianes en 2014 que establecía el silencio positivo como mecanismo en la concesión de licencias ambientales.
Así, la empresa puede ahora solicitar la ejecución de la sentencia, lo que podría derivar en la concesión definitiva de la licencia. Un último término que el Ayuntamiento, a pesar de respetar la decisión adoptada –aunque sin compartirla– según apuntan fuentes municipales, pretende que no se produzca agotando “cualquier vía jurídica viable para evitar la instalación de estos macrodepósitos”; incluso llevando el proceso al Tribunal Constitucional.
De hecho, el portavoz municipal, Manuel Villar, deslizó este martes durante en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, en la que ha reconocido desconocer en ese momento la inadmisión del recurso municipal por parte del alto tribunal valenciano, la posibilidad de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudien la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Constitucional. “Es lo que al final tendremos que hacer", ha señalado.
“Bajo ningún concepto vamos a aceptar la instalación de unos macrodepósitos que ni la ciudad de Alicante ni el Puerto quieren”, subraya el alcalde, Luis Barcala. “Nadie nos puede obligar a contar con unas instalaciones que cuentan con el rechazo mayoritario de la ciudadanía y del Ayuntamiento y trabajamos conjuntamente con el Puerto para coordinar y promover acciones alternativas”, insiste.
Negociar y establecer un "frente común"
Además de la postura del equipo de gobierno, la desestimación del recurso ha suscitado diversas reacciones desde la oposición. La portavoz del PSOE, Ana Barceló, exige al alcalde que “deje de aferrarse a una estrategia judicial que ha fracasado” y abra un proceso de negociación con la empresa para evitar la instalación de los macrodepósitos en el Puerto de Alicante. "De no hacerlo, podría derivar una indemnización millonaria”, afirma.
Por su parte, la edil de Compromís, Sara Llobell, ha insistido que “estamos en esta situación por la inacción del Ayuntamiento al no contestar en primer término a esa licencia”. Además, ha solicitado la convocatoria de la comisión Puerto-Ciudad para debatir una posición común frente al proyecto. "La falta de transparencia y planificación del equipo de gobierno nos ha llevado hasta aquí. Es imprescindible que se convoque la comisión y que se explore una solución que garantice la seguridad de la ciudad", manifiesta Llobell.
A su vez, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, de baja de paternidad por acoger a un menor, ha calificado la resolución como “un nuevo varapalo para la ciudad” y ha criticado la gestión del equipo de gobierno. "La falta de reacción y de un plan claro ha desembocado en una situación que podría haberse evitado con una gestión más eficaz. Apoyaremos cualquier iniciativa que busque frenar esta barbaridad y garantizar que el puerto no se convierta en un foco de riesgo para Alicante", subraya Copé.
Por último, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha atribuido la responsabilidad a quienes han gobernado las administraciones competentes (Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno Central) en los últimos años. "Las instituciones han mirado hacia otro lado en lugar de actuar con determinación sobre un asunto fundamental para la ciudad. Los ciudadanos tienen que afrontar ahora las consecuencias de esa falta de visión y liderazgo", concluye.