El Consorcio Vega Baja Sostenible, integrado por los 27 municipios de la comarca, celebró este martes la última junta del año con un mensaje claro: la gestión de residuos en la Vega Baja necesita, de forma urgente, una planta de tratamiento propia. Así lo ha puesto de manifiesto el ente supramunicipal tras analizar la situación actual y los crecientes costes derivados del traslado de residuos a otras provincias.
En la actualidad, el consorcio se ve obligado a enviar los residuos urbanos a plantas situadas en territorios alejados, como Cuenca o Valencia. Esta circunstancia, según ha señalado la entidad en un comunicado, “aumenta considerablemente el coste de la gestión” y dificulta la planificación a medio y largo plazo. A ello se suma la saturación de las instalaciones receptoras, diseñadas para atender únicamente a su propia población.
En este sentido, la diputada provincial de Medio Ambiente, Magdalena Martínez, ha advertido de que “la gestión de los residuos sin infraestructuras propias de tratamiento es cada vez más difícil”, ya que “las plantas de otros consorcios están ajustadas a su población, lo que complica cada día más que entren residuos de otras comarcas”.
Consenso político y apuesta por el reciclaje
El presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Francisco Cano, califica la situación de “insostenible” y subraya que existe consenso político sobre la necesidad de avanzar de forma definitiva en el proyecto.
“En todos los grupos estamos de acuerdo en que la Vega Baja debe contar con una planta propia”, afirmó en la reunión. Cano anunció, además, la convocatoria de una junta extraordinaria a finales de enero, en la que se presentarán “todos los informes pertinentes sobre la ubicación técnica ideal para la nueva planta de tratamiento de residuos”.
Durante la sesión también se abordó la necesidad de reforzar la recogida separada de la materia orgánica. Según el consorcio, los biorresiduos representan alrededor del 40 % de la bolsa de basura del contenedor gris.
“Si se separan correctamente en casa, se reducen enormemente los residuos que necesitan pasar por una planta específica, disminuyendo el coste de gestión”, explicaron. Asimismo, la entidad recuerda que la recogida separada de materia orgánica es una obligación europea y que mejorar estos índices permitirá avanzar hacia los objetivos de reciclaje y reutilización fijados para 2030.
Todavía sin ubicación
Pese al consenso en torno a la necesidad del proyecto, la ubicación de la futura planta, sin vertedero ni incineradora, sigue sin concretarse. Y es que numerosas localidades han rechazado instalar la infraestructura en sus terrenos y existe una plataforma ciudadana en contra de su construcción.
La Generalitat Valenciana confirmó el pasado mes de septiembre que un área de cien mil metros cuadrados en la franja limítrofe entre Orihuela, Jacarilla, Bigastro y Benejúzar figura como una de las opciones, aunque la Conselleria de Medio Ambiente insiste en que “no existe una decisión definitiva”.
Este espacio se localiza en la finca La Estafeta del paraje de la Cuesta del Pelegrín y se siguen valorando criterios “técnicos y ambientales” para elegir el emplazamiento “más adecuado para la comarca”. Además, fuentes de la Conselleria subrayan que “se busca el mayor consenso con todas las partes implicadas: municipios, vecinos y consorcio”.