El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha dado el primer paso para desarrollar una red de cámaras destinada a mejorar el control del tráfico y la seguridad vial. La iniciativa se encuentra todavía en fase de planificación, pendiente de un estudio técnico.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la contratación de este análisis, que contará con un presupuesto máximo de 14.500 euros y un plazo de ejecución de tres meses desde su adjudicación. El documento permitirá determinar la viabilidad económica y técnica del proyecto.
Para qué servirán las futuras cámaras de San Vicente
La nueva infraestructura pretende facilitar el trabajo de la Policía Local en la supervisión de la circulación, la vigilancia de las vías y la gestión de la movilidad urbana. El objetivo es disponer de más herramientas para detectar incidencias y mejorar la seguridad vial.
El concejal de Seguridad, Adrián García, ha explicado que el estudio permitirá conocer qué medios necesita el municipio, cómo aprovechar los dispositivos disponibles y qué inversión sería necesaria. La intención es avanzar hacia un sistema integrado que responda a las características de San Vicente.
Además del control de la circulación, las imágenes podrían resultar útiles para esclarecer determinados hechos delictivos. Según ha señalado García, la información audiovisual también podría apoyar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como sucede en otras localidades con instalaciones similares.
Dónde podrían instalarse y qué tecnología utilizarían
Antes de decidir las ubicaciones, el estudio analizará las cámaras y los sistemas de videovigilancia que ya funcionan en las calles. Algunos proceden de proyectos municipales anteriores y operan de manera independiente, presentan incompatibilidades tecnológicas o necesitan actualizarse para integrarse en una infraestructura común.
A partir de ese inventario, la empresa adjudicataria elaborará una propuesta técnica en coordinación con la Policía Local y los departamentos municipales implicados. El documento definirá la arquitectura de la red, los equipos necesarios, las conexiones y los posibles emplazamientos de los dispositivos.
Entre las soluciones que podrían estudiarse figuran las cámaras con reconocimiento óptico de matrículas, conocidas como OCR, y los sistemas térmicos. Su incorporación dependerá de las necesidades detectadas y de la idoneidad de cada tecnología, por lo que todavía no existe una configuración definitiva.
El proyecto también recogerá los requisitos técnicos de los equipos, las posibilidades de ampliación y los recursos necesarios para gestionar la información. Asimismo, incluirá estimaciones de instalación, formación, asesoramiento y mantenimiento, además de un calendario para organizar el despliegue por fases.
Qué pasos quedan antes de instalar la red
El estudio deberá servir de base para preparar un modelo de pliego de prescripciones técnicas que establezca las condiciones exigidas a las empresas interesadas en ejecutar el proyecto. Este documento contemplará también la formación del personal municipal y el mantenimiento posterior durante cuatro años.
Una vez terminado el trabajo, el proyecto se remitirá al departamento municipal competente para continuar su tramitación administrativa. A partir de ese momento, el Ayuntamiento podrá valorar los siguientes pasos y, si procede, impulsar una contratación específica para suministrar, instalar y poner en funcionamiento los equipos.
Esta iniciativa tendrá una finalidad distinta de las cámaras vinculadas a las Zonas de Bajas Emisiones. Mientras estas últimas están orientadas al control de accesos y a objetivos medioambientales, la nueva red se plantea como una herramienta para supervisar el tráfico y reforzar la seguridad vial.