La declaración de la renta en 2027 permitirá un ligero ahorro con un nuevo ajuste fiscal en la Comunitat Valenciana. El Pleno del Consell ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y Organización de la Generalitat para 2026.
El texto incluye una modificación de los tipos autonómicos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y cambios en la regulación de la transmisión de empresas familiares, así como nuevos controles en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP)
Así lo ha detallado este martes el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, tras la reunión del órgano de gobierno autonómico. Una vez concluido el periodo de exposición pública, la norma deberá recibir los informes del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y del Consejo Económico y Social (CES) antes de continuar su tramitación.
La conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat llega tras la aprobación el pasado 29 de mayo de las cuentas para 2026 con una dotación de 33.305 millones de euros. Ese acuerdo se produjo después del entendimiento entre el Consell y Vox en torno a tres líneas: prioridad nacional, la más polémica, reducción fiscal y acceso a la vivienda.
Reducción en tramos de renta media
La ley incorpora una rebaja de los tipos autonómicos del IRPF que afecta a todos los tramos de renta. La mayor reducción se concentra en los contribuyentes con ingresos entre 32.000 y 72.000 euros, según ha detallado el responsable de Hacienda. "El Consell alivia fiscalmente a las rentas medias, que siempre han sido las grandes olvidadas", ha señalado Rovira.
Las modificaciones oscilan entre 0,2 y 0,6 puntos porcentuales. Así, la estructura del impuesto mantiene su progresividad y no contempla cambios en los niveles de renta superiores a 150.000 euros. La aplicación de estas modificaciones tendrá efecto en la declaración correspondiente al ejercicio 2026, que se presentará en la campaña de la renta de 2027.
2,7 millones de contribuyentes beneficiados
El alcance de la medida será generalizado dentro de la Comunitat Valenciana. Las previsiones de la Generalitat apuntan a que alrededor de 2,7 millones de contribuyentes se beneficiarán de esta rebaja del IRPF autonómico. Una cifra que, en palabras de Rovira, representa a la “práctica totalidad” de las personas obligadas a presentar la declaración de la renta.
En términos económicos, el ahorro fiscal global, derivado de esta reducción, se estima en 160 millones de euros. La mayor parte de ese impacto se centra en contribuyentes con niveles de ingresos medios y bajos. Según los cálculos recogidos en el anteproyecto, el 72 % de las personas beneficiadas tiene rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Además, la distribución prevista también muestra que el 87,3 % del ahorro total generado por la rebaja del IRPF corresponderá a contribuyentes con ingresos inferiores a 80.000 euros al año.
El anteproyecto también incluye una estimación sobre el impacto que tendrán las nuevas medidas en determinados hogares. Así, una familia con ingresos de entre 30.000 y 40.000 euros podrá ahorrar hasta 650 euros gracias a la combinación de la reducción aplicada en el tramo autonómico del IRPF y las deducciones contempladas en la nueva normativa.
Cambios en la transmisión de empresas familiares
En paralelo, el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales introduce ajustes en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Estos cambios se centran, según Rovira, en la “continuidad de empresas familiares” para favorecer el relevo generacional.
La modificación amplía el alcance de los beneficiarios en los procesos de transmisión más allá de padres a hijos y pasa a incluir relaciones de parentesco hasta el cuarto grado. El texto regula estas operaciones con el objetivo de adaptar los supuestos de sucesión a estructuras familiares más amplias.
Estas acciones tienen por objeto “reforzar la viabilidad” de este tipo de negocios, que representan más del 90 % del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, contribuyendo a “garantizar su continuidad” y la preservación de la actividad económica y el empleo asociado.