Tras el éxito de las campañas anteriores, la Diputación de Alicante volverá a poner en marcha una nueva edición del bono consumo para “reactivar e incentivar la economía”. Una campaña que favorece, principalmente, al producto local y los comercios de proximidad, y que cada municipio tendrá autonomía para decidir en qué momento realizar sus respectivas campañas de dinamización. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente de la institución provincial, Toni Pérez, al mismo tiempo que avanzaba que la partida presupuestaria será de 20 millones de euros, idéntica a la dotación del año 2023.
Tal y como ha detallado la Diputación, esta nueva línea de ayudas, que se desarrolla en colaboración con la Cámara de Comercio de Alicante y Facympe, se nutrirá con remanente de tesorería y será aprobada, presumiblemente, en pleno extraordinario este viernes 24 de mayo. Todos los actores implicados han resaltado que a través de este programa se consigue ayudar a los consumidores ante la inflación, así como apoyar al comercio local y los sectores productivos. De hecho, Toni Pérez ha resaltado la gran acogida tanto por parte de los ayuntamientos como de los comercios y los ciudadanos.
Se trata de la cuarta convocatoria de los Bonos Consumo que se impulsa en los últimos tres años, con un importante total que asciende a los 58 millones de euros. La última, presentada en el día de hoy, establece que se podrán subvencionar las campañas de fomento del consumo que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 por parte de aquellos ayuntamientos que opten al anticipo de la ayuda, o entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2024 para aquellos que renuncien a dicho anticipo. 
Gestión municipalista
“El municipalismo marca el día a día en la institución provincial y los ayuntamientos dispondrán de libertad y autonomía para determinar cómo desarrollar esta campaña”, ha indicado Toni Pérez. Así, cada municipio decidirá si se suma o no al programa y cuándo y en qué condiciones desarrolla el programa (beneficiarios, establecimientos adheridos…), así como incrementar, en caso de que lo consideren necesario, la cuantía con recursos propios. La cuantía que percibirá cada localidad vendrá prefijada en función del número de habitantes y los ayuntamientos y entidades locales dispondrán de 20 días hábiles para presentar sus solicitudes tras la publicación de las bases en el BOP.
El plazo para la justificación se prolongará hasta el 31 de enero para los consistorios que hayan optado al anticipo y hasta el 31 de octubre para los que no. “Inyectamos recursos de la Diputación en los ayuntamientos para que estos a su vez lo inyecten en las economías de sus vecinos y vecinas y en el pequeño comercio”, ha insistido el presidente. Una iniciativa que suscribe la Cámara de Comercio, cuyo presidente Carlos Baño ha destacado que “ayuda al pequeño comercio y a la ciudadanía en general, a muchas familias con dificultades para llegar a final de mes”.
Asimismo, ha explicado la importante repercusión de los Bonos Consumo en las economías locales con una inversión que calculan que se multiplica por 2,7. “Esos 20 millones de euros se convierten como mínimo en 40 millones, porque la mayoría de las campañas se duplican, poniendo el 50% la Diputación y el otro 50% los ciudadanos”, ha precisado.
Ayudas sociales
De forma paralela, la modificación de crédito que se someterá a pleno el próximo viernes también contempla una partida de 5.999.923 euros para la concesión de subvenciones de servicios sociales por situaciones extraordinarias a ayuntamientos y mancomunidades con el fin “de paliar las dificultades económicas y sufragar gastos derivados de la acogida a refugiados ucranianos”. 
En este sentido, la institución provincial subraya que estas ayudas “darán cobertura a necesidades básicas” como la compra de alimentos, productos de higiene y limpieza, pañales o material escolar o el pago del alquiler de la vivienda o del recibo de la luz y el agua. “Se trata de una inyección económica importante a las familias en situación de pobreza energética o económica y un impulso para ayudar a los más vulnerables a afrontar las dificultades que ha provocado el encarecimiento de la vida”, sostiene Toni Pérez.
A su vez, explican desde la institución provincial, que esta línea de subvenciones también se podrá utilizar para el refuerzo del personal de Servicios Sociales de cada ayuntamiento o mancomunidad, y contempla, además, ayudas para refugiados ucranianos en situación de gran vulnerabilidad para alojamiento, albergues, servicios de traducción e interpretación, entre otras.