Nuevo capítulo en el conflicto laboral latente en los autobuses interurbanos de Alicante. Un análisis técnico interno, elaborado por el comité de empresa de Automóviles La Alcoyana, revela el envejecimiento de la flota de vehículos. El estudio describe una antigüedad media “muy por encima de los estándares normativos”, que se sitúa en diez años, y señala que más de un 74% de los autobuses actuales se encuentran en un estado “deficiente o crítico”.
Así, el órgano de representación de la plantilla ha presentado una queja formal ante el Síndic de Greuges por lo que consideran un “grave perjuicio” sobre la seguridad de las más de 40.000 personas usuarias que hacen uso del servicio metropolitano de transporte público cada día para desplazarse desde San Vicente del Raspeig, Mutxamel, El Campello o Sant Joan; y que, a su vez, afecta a las condiciones laborales de los conductores y conductoras.
Una flota envejecida
El comité de empresa detalla que el 76,3% de los 59 vehículos actuales incumple el límite de 10 años fijado en el RD 443/2001. Además, subraya que el 37,3% supera los 16 años de servicio, e incluso uno de los autobuses se sitúa por encima de los 22 años. La representación sindical enfatiza que no se ha incorporado ningún vehículo nuevo a la flota en los últimos cinco años y que la unidad más moderna circula desde hace casi seis años.
Para clarificar el alcance del deterioro, el estudio presenta el siguiente desglose del estado de los autobuses:
- Vehículos en estado crítico (más de 16 años): 22 unidades.
- Vehículos en estado deficiente (entre 13 y 16 años): 22 unidades.
- Vehículos en estado aceptable (entre 10 y 13 años): 11 unidades.
- Vehículos en buen estado (menos de 10 años): 4 unidades.
El informe técnico detalla, además, que los autobuses más antiguos operan con sistemas de seguridad obsoletos, menor capacidad de absorción de impactos y un “riesgo elevado” de fallos mecánicos. El comité explica que los sistemas eléctricos envejecidos aumentan el riesgo de incendios y que las cabinas exponen a los conductores a vibraciones, ruido y climatización insuficiente, generando, según indica, afecciones osteomusculares y fatiga.
Impacto ambiental y en el servicio
Por lo que respecta al servicio a los usuarios, el documento expone que las averías “frecuentes” reducen la disponibilidad de la flota, provocan cancelaciones e impiden mantener horarios regulares. También detalla que 44 vehículos funcionan con normativas de emisiones desfasadas previas a la normativa Euro 6, generando niveles de óxidos de nitrógeno “entre cinco y diez veces superiores” a los estándares actuales.
Asimismo, sostiene que las partículas en suspensión son “entre diez y quince veces superiores” y se estima un aumento del 15% al 25% en las emisiones de CO₂ por kilómetro, con una actividad anual de 2.290.457 kilómetros. "El impacto ambiental acumulado es muy significativo y contradice las políticas de reducción de emisiones y lucha contra el cambio climático", acentúan.
En materia económica, el comité explica que los costes de mantenimiento son entre un 40% y un 50% superiores a los de un vehículo nuevo, mientras que el consumo de combustible aumenta entre un 15% y un 25%. “La escasez de repuestos y la mayor frecuencia de reparaciones generan sobrecostes de varios cientos de miles de euros al año”, manifiestan en un comunicado.
Modificación “urgente” del contrato
Aunque el comité señala a la empresa por la “nula” renovación de la flota, menciona que la situación deriva del contrato de emergencia CE-705 y la falta de una licitación del servicio metropolitano de transporte en autobús desde hace más de una década. En este sentido, el órgano sindical ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio la modificación “urgente” del contrato, que expira en agosto de 2026.
La plantilla asevera que el encadenamiento de contratos programa desde 2014 sin licitación completa no incluye obligaciones de renovación de la flota. Por tanto, el comité exige que se establezca un mecanismo de control a la empresa concesionaria y cláusulas de modernización de los autobuses, así como una auditoría independiente de los costes de mantenimiento, argumentando que el deterioro actual “ha roto el equilibrio económico”.
En el texto remitido a la Conselleria proponen un plan de sustitución en tres fases: los 22 vehículos críticos en los primeros seis meses, los 22 deficientes entre los 6 y los 18 meses siguientes y la implantación de un sistema de renovación continua a partir del segundo año. La representación sindical insiste en no posponer la decisión, pues advierten de que los plazos de fabricación de autobuses nuevos se estiman entre uno y dos años.