Los asentamientos ilegales regresan al centro de la polémica en Alicante. Una finca rústica de más de 34.000 metros cuadrados en la partida de Baiona Alta, en el término municipal de Mutxamel, se ha convertido en el epicentro de una presunta red de compraventa ilegal de parcelas.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha destapado una supuesta trama en la que una mujer de 41 años habría actuado como intermediaria en la segregación irregular del terreno.
En total, 29 personas están siendo investigadas —la presunta mediadora y hasta 28 propietarios— por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo al edificar en suelo no urbanizable.
Terreno fraccionado y viviendas sin licencia
Tal y como ha desvelado la Guardia Civil, la investigación comenzó el pasado mes de febrero, cuando el Seprona de Xixona recibió información sobre posibles edificaciones irregulares en un área rústica del municipio.
Al inspeccionar la zona, los agentes del instituto armado comprobaron que la finca había sido dividida en 16 subparcelas, algunas de ellas nuevamente fraccionadas, y que en varias se habían instalado 'mobil homes' y otras estructuras sin la correspondiente licencia urbanística.
La supuesta intermediaria figuraba en las escrituras públicas de compraventa como mandataria verbal del propietario original. Según recogen las pesquisas, la mujer ofrecía participaciones del terreno total a los compradores, quienes pasaban a ser copropietarios de las subdivisiones ilegales.
Esta fórmula, detallan fuentes de la benemérita, permitía a los adquirientes instalar viviendas y cercar las parcelas, dando lugar a un asentamiento irregular en suelo no urbanizable.
Procesamiento judicial
Las actuaciones se han prolongado durante casi once meses con la identificación de todos los implicados, cuyas edades oscilan entre los 26 y los 72 años. Las diligencias ya han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Sant Vicent del Raspeig para el inicio del proceso judicial.
Además, la Guardia Civil ha detallado que también ha trasladado la información al Ayuntamiento de Mutxamel para que determine las medidas urbanísticas o sancionadoras correspondientes.