Las lluvias torrenciales que en otoño amenazan el litoral Mediterráneo y, por tanto, a la ciudad de Alicante, esconden un riesgo menos visible: la expansión de viviendas rurales en zonas vulnerables a las inundaciones. Un estudio de la Universidad de Alicante (UA) advierte de que este fenómeno, ligado al abandono agrícola y la ocupación irregular del territorio, incrementa la exposición y riesgo ante estos episodios cada vez más frecuentes.
El trabajo del investigador Carles Vaquer alerta de que la problemática afecta a inmuebles en suelo urbano —a menudo sin servicios públicos básicos— y a edificaciones en suelo rústico. Así, de las casi 9.000 viviendas analizadas, unas 1.800, es decir un 20%, están expuestas a fenómenos naturales peligrosos como consecuencia de la intensidad de las lluvias.
El estudio, dirigido por lo docentes Pablo Giménez Font y Antonio Prieto Cerdán, ha combinado datos del Catastro, del Plan de Acción Territorial del Riesgo de Inundación (PATRICOVA), el Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) o el Instituto Nacional de Estadística (INE). “Esta situación genera una amenaza para la seguridad de las personas, y pone de manifiesto el incumplimiento de la normativa urbanística vigente”, señala Giménez Font.
Territorio vulnerable
El estudio explica que las partidas rurales alicantinas presentan un relieve característico de cañadas de fondo plano, históricamente dedicadas al uso agrícola. Sin embargo, el abandono progresivo de la actividad agraria y la ocupación irregular del suelo han transformado estos espacios en zonas especialmente vulnerables frente a las inundaciones.
“Las litologías predominantes, principalmente de margas, favorecen una baja infiltración del agua y una elevada escorrentía superficial”, explica el investigador Carles Vaquer, quien recuerda que “estos factores ya fueron determinantes en episodios históricos como la riada de 1982 en Alicante”.
Según el estudio, la expansión irregular reciente y el modelo diseminado de ocupación del territorio han multiplicado los puntos de riesgo. A ello se suma que muchas de las viviendas afectadas se localizan junto a ramblas o áreas deprimidas, donde la accesibilidad a servicios básicos y redes de comunicación “queda interrumpida durante las riadas”.
La situación en la Cañada del Fenollar
Una de las zonas más afectadas es la Canyada del Fenollar, donde la confluencia de las ramblas de l’Alabastre y del Rambutxar coloca en riesgo de inundación al 40 por ciento de las construcciones existentes —unas 1.320 entre urbanas y rústicas—. “Es preocupante ver cómo las personas que viven en estas partidas afrontan la inseguridad física y la falta de un apoyo adaptado en caso de emergencia”, esgrime Vaquer.
El estudio subraya que, pese a la falta de soluciones efectivas, existe “un notable compromiso por parte de la comunidad vecinal”, especialmente en la Cañada del Fenollar, donde la Asociación de Vecinos (AVCF) ha logrado implicar a distintos organismos institucionales.
“Llevamos años alertando del problema y buscando una respuesta coordinada”, explica la presidenta del AMPA del CEIP La Canyada del Fenollar, quien destaca la colaboración de la Guardia Civil y del Seprona.
Por su parte, la Universidad de Alicante señala que el Ayuntamiento ha reconocido la gravedad de la situación, tal y como ha podido confirmar este diario, y asegura estar evaluando medidas urgentes para mejorar la coordinación entre la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), la Concejalía de Urbanismo y la propia Guardia Civil.
Sin embargo, los vecinos y vecinas mantienen una postura crítica ante la falta de avances tangibles. “Nos preocupa la ausencia de responsables políticos en el seguimiento del problema”, apuntan desde la asociación, que también denuncia deficiencias en la recogida de residuos, saturación en los servicios educativos y sanitarios, y un aumento de la inseguridad en la zona.
El estudio de la UA concluye que la gestión del riesgo de inundación en las partidas rurales de Alicante exige “una revisión integral del modelo de ocupación del territorio” y una planificación urbanística que tenga en cuenta "factores ambientales, el bienestar y la seguridad de la población".