La proliferación sin control de asentamientos ilegales en Alicante es una de las quejas vecinales con mayor recorrido en los últimos meses. Numerosas chabolas, caravanas, contenedores adaptados y casas de madera prefabricadas se han instalado en las inmediaciones de las lagunas de Rabasa, a la espalda de La Torreta (PAU II), así como en zonas inundables o terrenos de la Cañada del Fenollar y otras partidas rurales.
Es por ello que el Ayuntamiento y la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) han reforzado su ofensiva para erradicar estas construcciones. Así, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el director de la AVPT, Santiago Gambín, han firmado un protocolo de actuaciones que busca reforzar la coordinación entre administraciones y mejorar la eficacia de las medidas de control y sanción ante infracciones urbanísticas graves.
Prioridad: el suelo inundable
Uno de los ejes del protocolo es la prioridad de actuación sobre los asentamientos irregulares en suelo con niveles altos de peligrosidad por inundaciones, de acuerdo con la cartografía del Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación (Patricova). También se incluye como prioritario el suelo calificado como no urbanizable de Protección de Ramblas o su equivalente, según el planeamiento urbanístico en Alicante.
La razón principal, esgrimen ambas entidades en un comunicado, es minimizar riesgos para la seguridad de las personas y garantizar la protección de áreas sensibles. Tal y como ha destacado tras la firma del convenio "la legalidad urbanística no es solo una cuestión normativa, es también una cuestión de seguridad para todos los alicantinos".
23 expedientes en marcha
Desde marzo de 2022, Alicante está formalmente adscrito a la AVPT, que tiene competencia para actuar sobre infracciones graves y muy graves cometidas en suelo no urbanizable, tanto común como protegido. Esta alianza ha permitido intensificar la vigilancia, instrucción y sanción de estas prácticas ilegales, en un momento en que el desarrollo urbano irregular supone un desafío para la sostenibilidad territorial.
Actualmente, el área de Urbanismo del Ayuntamiento ya ha trasladado a la AVPT un total de 23 expedientes relacionados con construcciones ilegales en suelo no urbanizable. De ellos, 10 cuentan con decreto municipal de suspensión de obras, lo que supone la activación del procedimiento sancionador y la posible paralización efectiva de los trabajos.
La AVPT, por su parte, ha incoado los correspondientes procedimientos de restauración de la legalidad y ha ratificado las órdenes de paralización dictadas por el Consistorio. En los casos de incumplimiento, se ha acordado el precinto de las obras como medida cautelar.
“Más coordinación, más eficacia”
El protocolo establece un sistema de trabajo conjunto que implica el intercambio constante de información, la coordinación de acciones sobre el terreno y el uso de herramientas digitales para mejorar la trazabilidad de los casos. En este sentido, se contempla la creación de una base de datos compartida entre ambas administraciones que permitirá conocer en tiempo real el estado de cada expediente.
Además, el Ayuntamiento se compromete a emitir decretos de suspensión de obras con apercibimiento legal, a través de la Concejalía de Urbanismo, y a remitir todos los informes técnicos, actas y documentación necesaria por vía telemática a la AVPT. También se prevé la colaboración en las notificaciones a los implicados y en la instrucción de los procedimientos sancionadores.
En los supuestos más graves, como la manipulación o rotura de los precintos colocados, el Ayuntamiento enviará las actas e informes correspondientes a la Fiscalía para que valore posibles responsabilidades penales. La AVPT será informada de estas actuaciones para evitar duplicidades y coordinar una respuesta administrativa y legal adecuada.