La vivienda pública en Alicante centra buena parte del debate político en la ciudad en 2026. Pese al avance del Plan Vive y la finalización de 34 pisos de alquiler asequible en Rabasa, el caso Les Naus y la promoción de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas, siguen suscitando ciertos interrogantes.
Ahora, el edificio completamente rehabilitado del barrio de Miguel Hernández también aparece en el tablero político con las elecciones generales del 29N a la vuelta de la esquina. Compromís reclama explicaciones sobre la demora en la entrega de estos pisos y la Conselleria de Vivienda asegura que las primeras familias ya están recibiendo las llaves.
La formación ha registrado varias preguntas en Les Corts Valencianes para conocer los motivos que han impedido hasta ahora poner los inmuebles de la plaza Yolanda Escrich a disposición de sus adjudicatarios.
El departamento autonómico señala que la "prioridad" ha sido "acelerar al máximo" el procedimiento para que las familias "puedan entrar a vivir cuanto antes", siempre con "todas las garantías legales, técnicas y de habitabilidad".
Quince viviendas se destinarán al alquiler asequible para jóvenes y mayores
La coalición cuestiona cómo es posible que estas viviendas permanezcan sin ocupar y solicita concretar qué “obstáculos administrativos” han retrasado la entrega y cuándo podrán instalarse las familias beneficiarias. La iniciativa ha sido impulsada por la diputada de Compromís María José Calabuig a instancias del portavoz municipal Rafa Mas.

Según los datos de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), 15 de los pisos se destinarán al alquiler asequible para jóvenes de hasta 35 años y personas mayores de 60. La promoción forma parte de las actuaciones residenciales públicas desarrolladas en este barrio alicantino.
Compromís también pone el foco en el coste de la vigilancia privada instalada en la zona desde hace "aproximadamente cuatro años". Por ello, reclama al Consell el desglose anual de este servicio, la identificación de la empresa responsable y el importe mensual que se abona con “fondos públicos” mientras los inmuebles permanecen inhabitados.
La Conselleria confirma las primeras entregas de llaves
La Conselleria de Vivienda, por su parte, señala que la entrega de llaves “ya está en marcha”. Según fuentes del departamento autonómico, 18 de las 20 viviendas de la plaza Yolanda Escrich, situadas en los números 5 y 6, están adjudicadas, mientras que las otras dos, adaptadas a personas con movilidad reducida, ultiman su proceso de adjudicación.
La Generalitat sostiene que terminar las obras “no permite entregar automáticamente los pisos”. Antes, explican desde la Conselleria, es necesario completar las revisiones técnicas, obtener la calificación definitiva y la cédula de habitabilidad, además de garantizar los suministros básicos mediante conexiones individuales para cada inmueble.
En este sentido, recalca que la calificación definitiva se obtuvo el pasado 2 de octubre y que las últimas gestiones para disponer de los suministros finalizaron “recientemente”. Según detallan, estos procedimientos requieren “comprobaciones y posibles subsanaciones” para asegurar que las viviendas “reúnen las condiciones legales y técnicas”.
El departamento autonómico insiste en que estos procedimientos "requieren habitualmente varios meses" y que las familias deben acceder a hogares que cumplan “todas las garantías de habitabilidad”.
Fuentes de la Conselleria enfatizan que la rehabilitación integral del edificio, que supuso prácticamente derribar el inmueble por completo para levantarlo de nuevo, ha contado con una inversión superior a los 3,1 millones de euros tras volver a adjudicar el proyecto en octubre de 2023, ya con el nuevo Consell del Partido Popular.
El Consell reivindica su gestión y la inversión en el barrio
En paralelo, el área autonómica de Vivienda rechaza que las viviendas lleven “dos años terminadas y pendientes de adjudicación”. Así, subrayan que las obras concluyeron “hace unos meses” e insisten que durante el anterior gobierno del Botànic se tuvo que rescindir el contrato "apenas se había iniciado la actuación” por incumplimientos de la empresa adjudicataria.
El departamento que dirige Susana Camarero también destaca que continúa la rehabilitación integral de otro edificio de 16 viviendas, ubicado en los números 7 y 8 de la misma plaza. Esta intervención cuenta con una inversión superior a los 4,2 millones de euros y, en conjunto, la Generalitat cifra en más de diez millones de euros la inversión destinada hasta ahora al barrio Miguel Hernández.
Además, defiende que su política de vivienda incluye la protección del parque público frente a las “ocupaciones ilegales” para garantizar que los inmuebles “cumplan su verdadera función social y lleguen a quienes tienen derecho a ellos”.
Por último, recalcan el "compromiso" del Consell con la vivienda para las "personas que lo necesitan", que se refleja, según subrayan, en las "más de 1.000 viviendas sociales que ya ha puesto a disposición de personas vulnerables y en el impulso del Plan Vive", que ya ha activado más de 6.800 viviendas en la Comunitat Valenciana, unas 3.000 en la provincia de Alicante.
