El Ayuntamiento de Alicante ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen las circunstancias que rodean la adjudicación de viviendas protegidas en la zona de la Condomina, en la Playa de San Juan.
Así lo ha anunciado el vicealcalde, Manuel Villar, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha comparecido para dar explicaciones tras la polémica que centra el debate en la ciudad.
Tal y como ha detallado Villar, la denuncia se interpone desde el propio consistorio con un doble objetivo: esclarecer si ha habido "actuaciones irregulares" por parte de algún funcionario de la plantilla municipal y comprobar si el suelo público vendido para la promoción privada de viviendas protegidas ha cumplido el “fin social para el que fue licitado”.
El vicealcalde ha insistido en que el Ayuntamiento ha actuado “con rapidez” desde que se conocieron los hechos el pasado jueves 29 de enero y ha defendido que se están utilizando “todas las herramientas a su alcance”.
Falta de competencias municipales
Durante su intervención, Villar ha subrayado en reiteradas ocasiones que el Ayuntamiento no tiene competencias para controlar el proceso de selección de los cooperativistas, mecanismo con el que las personas solicitantes pudieron optar a las viviendas. “El Ayuntamiento no adjudica viviendas, esa función corresponde a las promotoras y a la Generalitat”, ha remarcado.
El actual responsable del área de Urbanismo, que asumió el cargo de forma transitoria por la baja de maternidad de la ahora exconcejala Rocío Gómez —una de las adjudicatarias de los pisos que desataron el terremoto político y que ya ha presentado su dimisión—, ha explicado que el consistorio se limita a licitar la venta de suelo público a precio tasado para la promoción privada de vivienda protegida y, posteriormente, a conceder la licencia de obras.
El vicealcalde ha explicado que la normativa que regula este tipo de promociones es el Decreto 90/2009, que aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, y que desde entonces no se ha modificado. En ese marco legal, ha señalado, las cooperativas pueden elegir “libremente” a sus socios. “Ninguna norma establece ningún control municipal”, ha reiterado.
De hecho, ha defendido que, precisamente por esa limitación competencial, el Ayuntamiento ha optado por acudir a la Fiscalía. "Es la única vía para verificar si el suelo público vendido ha llegado finalmente a personas que cumplen los requisitos exigidos para acceder a una vivienda protegida", ha manifestado. La intervención judicial permitiría, según el vicealcalde, analizar si se ha respetado la finalidad social de la operación.
Posibles implicaciones de personal público
Otro de los aspectos abordados es la posible vinculación entre una funcionaria municipal y un técnico de la Conselleria de Vivienda, suspendido de empleo y sueldo por “omitir datos relevantes” durante el proceso.
Villar ha remarcado que el Ayuntamiento está “a la espera” de verificar la identidad de la persona y confirmar si “efectivamente” se trata de una trabajadora municipal. En caso de que se confirme, ha avanzado que se iniciaría un expediente sancionador que podría incluir la suspensión cautelar.
Villar ha recalcado que cualquier actuación se hará “respetando los derechos de las personas afectadas” y una vez comprobados todos los datos. Mientras tanto, ha indicado que el Ayuntamiento ya ha cerrado el expediente de averiguación de hechos que anunció el alcalde Luis Barcala y está recopilando toda la información disponible para ponerla a disposición de la Fiscalía.
El vicealcalde ha concluido que el equipo de gobierno ha reaccionado con “celeridad y contundencia” y ha recalcado que el consistorio alicantino seguirá colaborando con todas las administraciones competentes para esclarecer los hechos, en un proceso que ahora queda en manos de la Fiscalía.
Segunda denuncia en Fiscalía
La denuncia interpuesta por el propio Ayuntamiento este martes se une a la que el grupo municipal socialista presentó el lunes. La portavoz del principal partido de la oposición en el consistorio alicantino, Ana Barceló, señala que “no nos vale que digan ahora que han ido a Fiscalía cuando ni siquiera han calificado los presuntos delitos que se pueden haber cometido”.
En este sentido, Barceló recuerda que la denuncia del PSOE incluye la supuesta comisión de hasta cinco delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal.
“Lo que estamos viviendo es un escándalo, teniendo en cuenta que en Alicante hay más de 5.400 familias en lista de espera para una vivienda pública”, aseveran.