El proceso para regularizar las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio ejecutadas en el Centro de Negocios Panoramis Life & Business suma un nuevo capítulo. El Ayuntamiento de Alicante ha trasladado a la entidad cameral las condiciones que debe cumplir para obtener la licencia de obra mayor y continuar con el uso de los espacios del complejo.
El documento oficial, al que ha tenido acceso este medio, es tajante: la institución económica alicantina deberá presentar un “nuevo proyecto refundido” que incluya la demolición “íntegra” de la segunda planta ejecutada, considerada “ilegalizable” por el Plan Especial del Puerto y el PGOU.
La instrucción municipal llega tras la petición registrada por la Cámara el 25 de noviembre, en la que solicitaba que se “impulsara la tramitación administrativa” y se autorizara su proyecto “mediante licencia o declaración responsable”. Urbanismo ha respondido repasando los pasos dados hasta ahora y recordando que la posición del Ayuntamiento “se ha mantenido invariable” en todas las reuniones celebradas con los técnicos de la entidad.
La concesión, clave para tramitar cualquier licencia
El documento subraya que la base de todo el problema radica en la ausencia de un proyecto autorizado por la Autoridad Portuaria. Según el oficio del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, Digital Corner —concesionario del espacio y arrendador de los locales ocupados por la Cámara— no había presentado ante el Puerto ningún proyecto de obras, tal y como exige la normativa portuaria y el Real Decreto Legislativo 2/2011.
Esta carencia impide al consistorio otorgar cualquier licencia de obra. “El Ayuntamiento no puede autorizar obras en suelo de dominio público portuario al margen de la concesión y del proyecto aprobado por la Autoridad Portuaria”, recoge el texto. Además, recuerda que la viabilidad de las actuaciones depende del cumplimiento de los parámetros urbanísticos del Plan Especial del Puerto, que regulan edificabilidad, ocupación y número máximo de plantas.
Digital Corner fue requerido en agosto de 2025 para presentar un proyecto global que abarcara todo el ámbito de la concesión. Ese documento, entregado finalmente en noviembre, está siendo ahora analizado por los técnicos municipales, según explica el Ayuntamiento, con paso previo para decidir si la licencia puede avanzar y si el uso de oficinas puede autorizarse posteriormente para los distintos arrendatarios.
La segunda planta deberá demolerse
El área de Urbanismo es claro respecto a las obligaciones específicas que afectan a la Cámara de Comercio. Ya en mayo y agosto de 2025 se le había comunicado que la obra solicitada excedía el número máximo de plantas permitido en la zona I del Sector 6 del Plan Especial del Puerto. La nueva instrucción insiste en ello y recalca que es necesario “restaurar la legalidad infringida”, lo que implica eliminar por completo la segunda planta.
El último proyecto presentado por la Cámara no incluye esta demolición. El Ayuntamiento señala que “no constan las medidas necesarias para restaurar la legalidad” y que el proyecto debe modificarse para excluir cualquier elemento constructivo relativo a esa planta. “Debe incluirse la ejecución de los preceptivos trabajos de demolición, dado que ese espacio no puede tener la consideración de planta a ningún efecto”, añade el oficio.
Sin opción de declaración responsable
El informe también descarta la posibilidad de tramitar las obras como declaración responsable. Urbanismo argumenta que la actuación afecta a elementos estructurales principales, altera el volumen y aumenta la edificabilidad, tres aspectos que por sí solos impiden acogerse a ese procedimiento simplificado.
Además, la existencia de incumplimientos urbanísticos haría “ineficaz” cualquier declaración responsable, por lo que la vía correcta seguirá siendo la de obra mayor. Aun así, el Ayuntamiento afirma que esta circunstancia no debe interpretarse como una causa de retraso y defiende que no se ha producido ninguna demora imputable al Servicio de Disciplina Urbanística.
“La tramitación ha estado condicionada por las actuaciones requeridas al concesionario, la falta de documentación y por la necesidad de corregir las irregularidades detectadas”, señala el texto. El informe concluye con un ofrecimiento de colaboración: el consistorio subraya su “entera disposición” para aclarar cualquier cuestión y avanzar en el expediente, insistiendo en que la relación entre ambas instituciones debe guiarse por la cooperación.