Continúa la pugna entre el Ayuntamiento de Alicante y la Cámara de Comercio por las irregularidades urbanísticas detectadas en las obras de la nueva sede cameral en los antiguos cines Panoramis. A pesar de que la tensión se ha incrementado en los últimos días, el equipo de gobierno insiste en que existe una “posición coordinada” entre el Puerto, el Consell y la Diputación para “hacer cumplir y exigir la legalidad urbanística".
El choque se produce después de que la institución presidida por Carlos Baño construyera una planta más de la permitida en la ordenación y ejecutara parte del proyecto de la futura sede sin disponer de licencia de obra mayor. De hecho, se trata de un episodio que viene generando fricciones desde que el consistorio detectara las primeras anomalías la pasada primavera.
El Ayuntamiento solicitó a la Autoridad Portuaria que certificara si los trabajos se ajustaban a los parámetros del Plan Especial del Puerto (PEPA). Tras un intercambio de comunicaciones, la Cámara decidió paralizar voluntariamente las obras mientras se aclaraba la situación. Finalmente, los técnicos municipales concluyeron que era necesario desmontar la estructura levantada aprovechando la altura original de las salas de cine.
Conflicto abierto
Las discrepancias, 'enterradas' en los últimos meses, salieron nuevamente a la luz tras las declaraciones de Baño en la Noche de la Economía Alicantina y en una posterior entrevista en una televisión local, donde sugirió que el conflicto urbanístico se resolverá “cuando Barcala quiera”.
Unas palabras que han sido recogidas con cautela por el ejecutivo municipal, que evita la confrontación directa mientras trata de mantener el foco en la labor técnica. “Lo que importa son los informes de la concejalía de Urbanismo y, al final, nosotros tenemos que dar el absoluto respaldo a estos informes”, subrayó la portavoz municipal, Cristina Cutanda, este martes durante la rueda de prensa semanal posterior a la Junta de Gobierno.
La obra permanece paralizada porque la construcción supera en 1.594 metros cuadrados la edificabilidad permitida por la normativa urbanística. Esta irregularidad ha retrasado la puesta en marcha de la nueva sede y ha obligado a que la Cámara se traslade de nuevo al edificio del antiguo Hotel Palas tras la venta del inmueble que ocupaba hasta ahora.
En este sentido, el Ayuntamiento, que desde hace más de una década habita en régimen de alquiler —a razón de 600.000 euros anuales— el edificio situado en la calle Cervantes, deberá desocuparlo antes del próximo 1 de enero de 2026. Por tanto, varios servicios municipales como el SAIC y las oficinas de Turismo o Comercio se trasladarán al Centro 14.
Frente “común” institucional
El Ayuntamiento asegura que el análisis de las irregularidades se está abordando con el “respaldo unánime” del conjunto de administraciones competentes. Así, Cutanda afirmó que el consistorio cuenta con “el total y absoluto apoyo de Puerto, Consell y Diputación” respecto al proceder de los funcionarios municipales, cuya conclusión es que la Cámara ha levantado una planta adicional sin cobertura legal.
“Todos entienden que una institución sujeta a derecho público debe cumplir con la legalidad”, remarcó Cutanda, reforzando así el criterio técnico que ha guiado los informes emitidos desde Urbanismo.
En esos documentos ya se advertía de que la reconversión de los antiguos cines implicaba un incremento de 1.595 metros cuadrados de superficie construida, a pesar de que el edificio había agotado su edificabilidad. Según detalló la portavoz, la construcción de la entreplanta que ahora se encuentra bajo revisión “no tendría encaje urbanístico” y fue objeto de un apercibimiento previo. “Urbanismo concluyó que la intervención no podía quedar amparada únicamente con una declaración responsable”, añadió.
Trabajo técnico y búsqueda de soluciones
En paralelo, Ayuntamiento y concesionaria del suelo —la mercantil Digital Corner S. L.— buscan una “solución técnica” para abordar el exceso de edificabilidad detectado en el conjunto del complejo Panoramis. Tanto los técnicos municipales como la empresa están evaluando alternativas que permitan encauzar la situación sin alterar el marco urbanístico vigente.
“El Ayuntamiento está trabajando con Digital Corner para hallar una respuesta técnica al problema”, explicó Cutanda, quien insistió en que los departamentos implicados cuentan con “todo nuestro respaldo, como no podría ser de otra manera”, y aseguró que el equipo de gobierno se encuentra “muy tranquilo” ante la evolución del proceso.
No obstante, desde el propio consistorio reconocen que este eventual acuerdo con la concesionaria no permitiría regularizar de manera directa la situación concreta del edificio donde se ubica la nueva sede cameral, cuyas obras están prácticamente finalizadas pese a carecer de permiso.
En este caso, lo que se examina, apuntan fuentes municipales, es la falta de metros disponibles en la edificabilidad del conjunto del centro de negocios, sin entrar todavía en la situación individual de cada inmueble.