Alicante busca cubrir cinco plazas de inspector en el servicio de limpieza. El Ayuntamiento pretende reforzar la plantilla a través de un concurso oposición abierto que permitirá, además, la creación de una bolsa de empleo temporal para atender futuras sustituciones. La medida, aprobada este martes en Junta de Gobierno, persigue aumentar la vigilancia y el control de la contrata de la limpieza y la recogida de residuos en las calles alicantinas.
Falta de personal
La plantilla municipal incluye 11 plazas de inspector para cubrir los 11 sectores en los que está dividida la limpieza en la ciudad. Sin embargo, las jubilaciones producidas en los últimos años —que no se han suplido con nuestras incorporaciones— han reducido la capacidad del servicio. Así, en la actualidad tan solo hay seis inspectores en activo en Alicante, aunque uno de ellos se encuentra en situación de baja de larga duración y tampoco ha sido cubierto.
Esta realidad ha limitado las labores de supervisión y el consistorio reconoce en el documento de la convocatoria que la dotación actual es “absolutamente insuficiente y da lugar a que no se pueda llevar a cabo un gran número de acciones de control directo de las tareas y obligaciones de los contratistas”.
En este sentido, con la incorporación de los nuevos efectivos, el Ayuntamiento pretende disponer de un inspector por cada sector, además de contar con refuerzos puntuales que permitan atender bajas, excedencias o sustituciones de larga duración. Los aspirantes deberán superar una fase de oposición y un concurso de méritos que valorará la experiencia profesional y la formación específica en materia de limpieza urbana y gestión de residuos.
Refuerzo vinculado a la nueva ordenanza
El concejal de Recursos Humanos y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, explica que esta convocatoria “ahonda en el objetivo planteado de reforzar la inspección" de la limpieza viaria y la recogida de los residuos en la ciudad, después de que este servicio "haya visto mermada su capacidad de actuación al quedar vacantes cinco plazas por jubilación”.
Además, recuerda que esa “voluntad también se refleja” en la nueva ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de Residuos, que incrementa el papel de los inspectores, ampliando el número de supuestos sancionables de 63 a 86, y eleva las multas, que van desde los 300 hasta los 3.000 euros. “La normativa faculta y refuerza a los inspectores para que puedan llevar a cabo su labor de control de una forma más eficaz”, subraya.
A través de la incorporación de más personal, el consistorio alicantino espera “intensificar” el control de prácticas como el vertido de lixiviados por parte de establecimientos de hostelería, el abandono de enseres en la vía pública sin autorización o sin avisar para su recogida, el incumplimiento de horarios para depositar la basura, la falta de recogida de excrementos de mascotas o el depósito inadecuado de residuos en contenedores.
El refuerzo también permitirá mejorar la supervisión de la empresa concesionaria encargada de la limpieza, un aspecto que desde el área municipal se considera “prioritario” para garantizar la correcta prestación del servicio. Además, los inspectores asumirán la tramitación de expedientes sancionadores, la comprobación del cumplimiento de contratos y la atención a las quejas vecinales por la suciedad en calles, plazas y parques.
“Llegan tarde”
El Grupo Municipal Socialista cuestiona la tardanza en activar el proceso de contratación. El concejal Raúl Ruiz señala que el equipo de gobierno “llega muy tarde, porque han pasado ya cuatro años desde que se hizo un dictamen por parte de la Comisión de Limpieza donde se establecía que había 6 inspectores en un servicio que debía tener más del doble de plantilla”.
Ruiz insiste en que Alicante “es la segunda ciudad más sucia de España” y apunta que el servicio de inspección “debería funcionar todos los días, en horario nocturno y durante los fines de semana”. El concejal socialista critica que “el gobierno municipal no ha demostrado ningún interés en fiscalizar el servicio y los alicantinos y alicantinas pagan las consecuencias”.