Un año y medio después. El Ayuntamiento de Alicante se prepara, ahora sí, para dar el paso definitivo en el control de las viviendas de uso turístico en la ciudad. El área de Urbanismo asumirá este 2026 las competencias para sancionar a las VUT ilegales, tras adherirse al convenio marco de la Generalitat Valenciana que habilita a los municipios a ejercer labores de inspección y resolver expedientes de sanción sobre este tipo de alojamientos.
La propuesta llega este viernes a la Comisión de Urbanismo y la próxima semana se debatirá en el pleno ordinario del mes de enero. El vicealcalde, Manuel Villar, defiende la iniciativa como una herramienta para ganar capacidad de control. “Es un paso más en nuestra estrategia de regulación y ordenación de la actividad turística en Alicante”, señala.
Además, se suma a otras decisiones municipales adoptadas en los últimos meses, como la moratoria en la concesión de nuevas licencias de viviendas turísticas o la tramitación de la Modificación Puntual número 52 del Plan General de Ordenación Urbana, que redefine las condiciones para este tipo de alojamientos. La idea, según el Ayuntamiento, es avanzar hacia un modelo que haga compatible el uso turístico con la vida residencial.
El acuerdo tendría una vigencia inicial de cinco años y cuenta con el respaldo técnico para su tramitación. Un informe del Servicio de Economía y Hacienda avala que no compromete la estabilidad presupuestaria municipal, mientras que el Servicio Jurídico certifica que “no existe impedimento legal para su aprobación”. El debate se traslada ahora al plano político.
Expedientes y carga de trabajo
Uno de los aspectos clave es el impacto que tendrá la asunción de estas competencias. Un informe del departamento de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles radiografía la situación actual y pone cifras al volumen de trabajo. Entre 2023 y 2025 se han incoado 418 expedientes por infracciones urbanísticas relacionadas con viviendas turísticas.
En ocho de cada diez casos, expone el documento, las irregularidades se confirmaron tras las inspecciones, lo que derivó en decretos de suspensión de la actividad. Por su parte, en el 90% de esos expedientes se abrió finalmente un procedimiento sancionador.
El documento estima, a su vez, que asumir plenamente estas funciones supondrá un incremento del 20% en la carga de trabajo del departamento, un aumento que, sin embargo, podrá absorberse sin ampliar la plantilla ni la partida presupuestaria, según revela el informe. Este año se repondrán 60 plazas de puestos municipales que en estos momentos están vacantes, y con parte de ellas se reforzará Urbanismo.
La portavoz del Grupo Socialista, Ana Barceló, señala que esta medida, pactada entre equipo de gobierno y PSOE, debería evitar viviendas de uso turístico ilegal y facilitar un aumento del parque de vivienda de alquiler. No obstante, ha enfatizado que es "imprescindible" que se garantice el personal "suficiente y necesario" para llevar a cabo un control efectivo.
El balance económico
Desde el punto de vista económico, el Ayuntamiento prevé un impacto "positivo". En función de la gravedad de las infracciones detectadas por la Unidad de Aperturas y Disciplina Urbanística de la Policía Local, el informe calcula que las sanciones podrían generar unos ingresos de 8,8 millones de euros a lo largo de los cinco años de vigencia del convenio.
En paralelo, el impacto en el capítulo de gastos se considera nulo, ya que la atención de estos expedientes se cubriría mediante la redistribución de personal existente o de plazas ya previstas en procesos selectivos en marcha.
Compromís y EU-Podem no se fían
Compromís carga contra el Ayuntamiento por el retraso en asumir las competencias para sancionar a los pisos turísticos ilegales desde que el decreto del Consell entró en vigor en agosto de 2024. Rafa Mas, portavoz de la formación, recuerda que el alcalde ya anunció esta medida durante la pasada edición de Fitur 2025, “y ahora este protocolo llega, pero sin medios”.
Mas cuestiona la viabilidad del modelo planteado por la Concejalía de Urbanismo al no ir acompañado de refuerzos en la plantilla. “¿Cómo se va a inspeccionar, cerrar viviendas ilegales y multar sin personal?”, se pregunta. Asimismo, el concejal de Compromís insiste que solo hay un inspector y nueve agentes adscritos al área. “Ya trabajan con una sobrecarga del 25% y aun así se quieren asumir más competencias”, añade.
En la misma línea, desde Esquerra Unida-Podem, que se ha abstenido en la votación de la comisión de Urbanismo, comparten la necesidad de actuar, pero advierten de que la medida “nace con contradicciones”. El portavoz del grupo municipal, Manolo Cope, señala que el expediente reconoce que el 80% de las inspecciones parten de denuncias vecinales y que la carga de trabajo crecerá un 20%. “No se puede asumir más sin refuerzos reales”, sostiene.
EU Podem subraya, además, que asumir ahora estas competencias evidencia el “fracaso” de la administración autonómica que las ejercía hasta ahora. También alerta de que el plan del Ayuntamiento se apoya en redistribuciones internas que tensionan a la Policía Local. “La plantilla ya está bajo mínimos”, recuerdan, y critican que se prevean 8,8 millones en sanciones. “La vivienda no puede ser una partida estructural de ingresos”, concluyen.