Un pacto de ciudad para limitar un problema estructural. El PP y el PSOE en Alicante dejan atrás las tiranteces políticas y alcanzan un acuerdo inédito que permite reforzar la moratoria sobre los pisos turísticos y ampliar la suspensión de nuevas licencias a bloques completos. El entendimiento entre el equipo de gobierno y el principal grupo de la oposición se traduce en un paquete de medidas con el objetivo de abordar el acceso a la vivienda.
Regulación más ambiciosa
El contenido del pacto, desvelado este lunes en un comunicado, se basa en reforzar la regulación de los apartamentos turísticos en Alicante con nuevas herramientas legales y técnicas para frenar la presión sobre los barrios y asegurar la lucha contra la economía sumergida en el sector. La moratoria se aprueba este martes en un pleno extraordinario y se fructificará con el respaldo del PP a una declaración institucional del PSOE en sesión ordinaria.
Tal y como ha avanzado el consistorio, el documento se debatirá el próximo 31 de julio e incluirá todas las medidas complementarias a la moratoria. La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, señala que la iniciativa, vigente desde principios de año tan solo para viviendas en bloques residenciales, “es solo un punto de partida” en el desarrollo de una nueva normativa municipal.
La edil destaca la voluntad de diálogo del gobierno local “pese a tener garantizada la aprobación al no obtener ningún voto en contra en la Comisión de Urbanismo”. En este sentido, añade que se han incorporado varias propuestas del PSOE “por considerar que son positivas para la ciudad” y, enfatiza que “seguimos abiertos a las que nos puedan llegar de otros grupos".
Medidas concretas
La declaración institucional que se someterá a votación en el próximo pleno ordinario de este mes de julio incluye cinco compromisos específicos propuestos por el PSOE.
- Primera medida - El Ayuntamiento se adherirá antes de final de año al convenio de la Generalitat Valenciana que le permitirá asumir competencias para la incoación, instrucción y resolución de sanciones por la comisión de infracciones en materia de pisos turísticos.
- Segunda medida - Elaboración de un estudio sobre el impacto del turismo en los distintos barrios de la ciudad, cuya conclusión —antes de la finalización de la moratoria actual en 2027— servirá como base para modificar el Plan General de Ordenación Urbana. Este cambio prohibirá nuevos apartamentos turísticos en bajos comerciales en zonas saturadas.
- Tercera medida - Actualizar la web del Patronato Municipal de Turismo con un listado oficial de las viviendas turísticas legales (VUT) que cumplen con la normativa urbanística vigente, una medida orientada a mejorar la transparencia y facilitar el control ciudadano.
- Cuarta medida - Creación de una mesa técnica contra el intrusismo en el alojamiento turístico. Este órgano contará con la participación de representantes del sector y tendrá como objetivo diseñar estrategias para reducir la competencia desleal y combatir la economía sumergida.
- Quinta medida - Impulsar políticas para incentivar la construcción de nuevas viviendas en solares urbanos y para forzar la rehabilitación de edificios vacíos o en desuso en suelos consolidados con el objetivo de aumentar el parque de vivienda pública en Alicante.
Acción más integral
Desde la bancada socialista, su portavoz Ana Barceló destaca que la situación del mercado inmobiliario en Alicante requiere medidas urgentes que “no admiten más demora”. Así, Barceló considera “esencial” alcanzar acuerdos para “paliar el problema de acceso a la vivienda” y subraya que centrarse exclusivamente en los bloques turísticos era “insuficiente”.
De esta forma, enfatiza que “en una ciudad en la que la población ha crecido en 10.000 personas en el último año es necesario que se construyan nuevas viviendas y facilitar que vuelvan al mercado residencial las viviendas de uso turístico ilegales. Esto sólo se consigue a través de la inspección y la sanción”, valora la portavoz socialista en el Ayuntamiento.
La concejala de Urbanismo insiste en la necesidad de un enfoque integral: “Estamos inmersos en el desarrollo de una nueva regulación en materia de viviendas turísticas. Valoramos y aceptamos propuestas constructivas que contribuyan a nuestros objetivos finales, que son garantizar el acceso a la vivienda, proteger la identidad de los barrios, a los vecinos y a los negocios y compatibilizar los usos turísticos y residenciales”.
Rechazo del sector
La moratoria inicial, sin embargo, fue recurrida el pasado mes de marzo por la patronal autonómica del sector (Aptur) al calificarla de “injustificada y desproporcionada”. Esta organización considera que la suspensión de licencias restringe la libre actividad económica "sin datos concluyentes” y cuestiona su impacto sobre el modelo turístico de la ciudad.
Por su parte, la Asociación de Bloques y Viviendas Turísticas de Alicante (Abatur) ha rechazado abiertamente la ampliación de la medida a inmuebles completos, alegando perjuicios para propietarios y gestores. A su vez, la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA) ha solicitado una reunión formal con el Ayuntamiento para abordar el asunto. “No ha habido negociación ni comunicación previa”, lamentan desde la entidad.