Los pisos turísticos en Alicante afrontan, ahora sí, un punto de inflexión. El Ayuntamiento regulará su crecimiento descontrolado y marca los primeros límites a la proliferación en la ciudad. Tras la moratoria de concesión de nuevas licencias, el equipo de gobierno ha dado ahora un paso más e inicia la tramitación de una modificación urbanística que fija un tope de plazas por habitante y prohíbe nuevos alojamientos en zonas saturadas.
La propuesta establece un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y veta su creación en bajos comerciales. El alcalde, Luis Barcala, ha señalado que la iniciativa “persigue un turismo urbano sostenible que atraiga visitantes sin desbordar la capacidad". En palabras del primer edil, el propósito es mantener una ciudad “de barrios vivos”, donde la actividad turística conviva con los residentes sin poner en riesgo el modelo de ciudad.
Modificación urbanística
El marco normativo avanzado por el consistorio se articulará a través de la Modificación Puntual nº 52 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que ya ha iniciado el proceso de evaluación ambiental estratégica. En esta fase, el borrador y el documento inicial serán remitidos a diferentes organismos para consulta antes de pasar al Pleno para su aprobación inicial.
El control de la saturación se realizará por secciones censales, revisándose cada año la situación de cada zona. En aquellas áreas donde el índice de plazas turísticas por habitante no supere el límite máximo, se podrán autorizar nuevas licencias, siempre bajo supervisión municipal.
La norma introduce excepciones para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, considerados "estratégicos" para el posicionamiento turístico de la ciudad. Los establecimientos de 4 y 5 estrellas quedarán exentos de los límites por saturación, mientras que los de 3 dispondrán de un margen superior —hasta 0,32 plazas por habitante— para poder implantarse en determinadas zonas.
Esta diferenciación, explican fuentes municipales consultadas, pretende "fomentar un turismo de mayor valor añadido, estable y menos estacional". En esta línea, el alcalde ha subrayado la "apuesta por la excelencia turística y la diversificación" como una herramienta "clave" para atraer "calidad frente a cantidad, reduciendo así la presión en el espacio público e impulsando una actividad turística regulada que genere mejores empleos".
"Protección del comercio y la convivencia vecinal"
Otro de los pilares de la nueva regulación es la protección del comercio de proximidad. La norma prohíbe la implantación de usos turísticos en las plantas bajas de los principales ejes comerciales y viarios estructurantes. Con ello se busca evitar que la mayor rentabilidad turística desplace a los negocios tradicionales, como ha ocurrido con la librería 80 Mundos.
El consistorio considera que esta medida refuerza “un modelo de ciudad de proximidad y cohesión social”, asegurando que los espacios de planta baja mantengan su función comercial y de servicios básicos, cruciales para la vida cotidiana de los residentes.
Asimismo, se establece que los alojamientos turísticos situados en edificios residenciales deberán contar con acceso independiente y exclusivo, evitando interferencias con la vida comunitaria del resto de vecinos. Esta exigencia pretende minimizar los conflictos de convivencia derivados del tránsito de visitantes y preservar la tranquilidad de los entornos residenciales.
El PSOE reclama más control y transparencia
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha valorado positivamente que el equipo de gobierno comience a ordenar el sector del alojamiento turístico. No obstante, ha reclamado al ejecutivo local que avance con “rapidez” en la asunción de las competencias para sancionar los alojamientos ilegales o la publicación en la web municipal del listado de apartamentos con licencia para una "competencia leal".
En este sentido, la portavoz socialista ha subrayado que la nueva normativa evidencia “que Barcala reconoce el problema generado por la falta de actuación previa respecto a los apartamentos turísticos”. De esta forma, ha considerado que estas medidas “no solucionan” lo que ha calificado como “grave problema de acceso a la vivienda que sufre Alicante”.
Además, la edil socialista ha solicitado toda la documentación presentada para analizarla "con detalle" y formular alegaciones “si fuera necesario”, al tiempo que ha reclamado agilidad en la tramitación. “Esperamos que este asunto avance con celeridad, porque la aprobación de las ZAS también se anunció como inminente y seguimos esperando”, ha recordado.