Alicante comienza a poner encima de la mesa medidas sobre los apartamentos turísticos y la hoja de ruta escogida pasa por frenar su proliferación descontrolada. Así lo ha decidido el equipo de gobierno del PP tras las conclusiones y recomendaciones recogidas en el ‘Estudio técnico sobre alojamientos turísticos en Alicante’ elaborado por la consultora EOSA y que se complementa con el que también ha llevado a cabo la Cátedra de Turismo de la Universidad de Alicante.
En base a los primeros datos de este informe, el alcalde Luis Barcala avanzó una moratoria de dos años –que será elevada al Pleno del próximo 19 de diciembre– para suspender la tramitación de nuevas licencias, aunque únicamente afectará a las viviendas particulares y no a la iniciativa privada que transforme inmuebles completos. Tanto la sociedad civil como la oposición exigían conocer los detalles del estudio, una situación que se ha revertido este martes con la presentación pública en el auditorio del MACA.
“No existía un informe de estas características en Alicante y es una herramienta útil que muestra una fotografía real y contrastable con datos objetivos”, ha explicado el alcalde en el acto junto a la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, la directora general de Planeamiento, Leticia Martín, y varios representantes de la consultora EOSA. “No se trata de atacar el modelo turístico ni de perseguir esta actividad, si no que exista una normativa clara y seguridad jurídica para el sector”, ha añadido.
Tal y como ha adelantado la edil de Urbanismo, estas medidas se encuentran en desarrollo y se estudiaran a lo largo del periodo en el que se extienda la moratoria. "El objetivo es lograr un equilibrio que permita la vida cotidiana de los vecinos y la llegada de turistas", ha recalcado Gómez. Estas iniciativas se basarán en las recomendaciones del estudio como la creación de un censo, incentivar el alquiler residencial a largo plazo, establecer límites de densidad o gravámenes fiscales por el uso de recursos públicos.
Más de 4.000 viviendas turísticas
El estudio concluye que Alicante cuenta actualmente con 4.108 apartamentos de uso turístico (VUT), lo que corresponde a un 2,31% del total de las viviendas disponibles en la ciudad y un 96,15% de los alojamientos vacacionales. A pesar de su baja incidencia en términos generales, el informe matiza que existen zonas en las que la concentración es elevada. Así, en el área del Casco Antiguo y el centro tradicional, así como sus barrios adyacentes, el volumen de viviendas aumenta a 20 de cada 100.
En cuanto al número de plazas alojativas, la cifra asciende hasta las 19.025, aunque en este caso supone un 68,42% del total en la capital alicantina. Sin duda, ambos datos muestran el predominio en el destino de las VUT frente a la planta hotelera. Por lo que respecta al impacto en los barrios, el análisis es similar al número de viviendas, pues aunque de forma general se recogen 5,5 plazas por cada 100 habitantes, por debajo de ciudades como Madrid (22), Málaga (30) o València (14), algunas zonas llegan hasta 95.
En este sentido, a pesar de la presión existente en ciertas áreas, ningún barrio de Alicante se considera “zona de mercado residencial tensionado”, según la Ley Estatal de Vivienda. Tampoco se observa en los últimos años un decrecimiento en el número de población residente en estos barrios con mayor presencia de VUT. Esto indica que la presencia de estos pisos en estas zonas “todavía no ha generado un éxodo de población ni un aumento considerable en los precios de las viviendas”, según el informe.
Inspección de viviendas irregulares y control censal
Una de las principales advertencias del estudio es reforzar el control e inspección de pisos turísticos que operan de manera ilegal y generan problemas en la convivencia vecinal. De hecho, el Ayuntamiento ha levantado un centenar de actas de suspensión de la actividad. La mayoría de los expedientes se focalizan en la playa de San Juan y la zona centro. "Es necesario erradicar la ilegalidad", ha enfatizado Barcala durante su intervención en el foro.
Aun así, todavía no se ha materializado su adhesión definitiva al Decreto Ley del Consell que transfiere a los municipios las competencias para incoar, instruir y resolver de manera directa los procedimientos sancionadores relacionados con las viviendas de uso turístico en la capital alicantina. El estudio desvela que 3.259 viviendas están dadas de alta en el registro autonómico y nunca solicitaron la compatibilidad urbanística, mientras que otras 33 cuentan con este informe municipal desfavorable.
Sin embargo, en la práctica no se trata de pisos turísticos ilegales, sino que el marco normativo establecido en 2018 por la conselleria de Turismo no exigía como requisito indispensable contar con esa autorización urbanística para ejercer la actividad. Por el momento, el Ayuntamiento trabaja a través de la Brigada de Disciplina Urbanística de la Policía Local en localizar los apartamentos de uso turístico que ni siquiera están dados de alta en el departamento autonómico y, por tanto, incumplen la legislación vigente.
Otra de las grandes conclusiones del estudio elaborado por EOSA es la creación de un censo público de viviendas turísticas que mejore la transparencia en la gestión y el control de estas actividades. El Ayuntamiento, apuntan desde alcaldía, ya está trabajando en el desarrollo de este censo que permitirá a las autoridades municipales y a la ciudadanía acceder de "manera transparente" a la información sobre las VUT que operan legalmente en la ciudad.
Esta herramienta facilitará la monitorización del cumplimiento normativo y proporcionará a los residentes la oportunidad de conocer qué viviendas en sus barrios están siendo explotadas turísticamente, promoviendo así "una mayor convivencia vecinal y ayudando a prevenir conflictos derivados del uso intensivo de las viviendas como alojamientos turísticos", subrayan fuentes municipales. También será un mecanismo para detectar los apartamentos turísticos ilegales y "erradicarlos".
Recciones de la izquierda
La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Trini Amorós, ha calificado como “decepcionante” el estudio. La concejala ha señalado que el informe "no contiene datos sobre el número de viviendas de uso turístico que operan de forma ilegal". Además, ha destacado que sólo se han calculado las subidas de precios de viviendas de alquiler residencial entre 2019 a 2022, dejando al margen el incremento acumulado de un 25% en los dos últimos años.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, denuncia que las plazas en apartamentos turísticos en Alicante “no dejan de crecer” y critica que “se hayan demorado tanto las primeras medidas para detener una práctica que fomenta la especulación y dificulta el acceso a la vivienda”. Asimismo, Mas, subraya que “desde Urbanismo dicen que han iniciado entorno a 100 expedientes, pero no los pueden sancionar, no los pueden multar y no los pueden cerrar porque aún no se han acogido al Decreto de agosto del Consell”.