Adiós al acceso gratuito para alicantinos y alicantinas al castillo de Santa Bárbara. Un informe elaborado por el Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) sobre la posible ordenanza fiscal que regularía el cobro de una entrada para visitar la fortaleza descarta dos de los planteamientos que habían estado sobre la mesa: bonificaciones para empadronados en la ciudad y aplicación exclusiva de los ingresos a la conservación del monumento.
El documento, elaborado en junio de 2024, condiciona, de esta manera, el alcance de la tasa en la que trabaja el equipo de gobierno y se ha desvelado ahora —tal y como avanzó Radio Alicante Cadena Ser— al ser incluido en la documentación relativa a la Comisión de Hacienda celebrada el pasado viernes sobre la reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Sin bonificaciones por empadronamiento
El dictamen del TEAM sostiene que no resulta “legalmente viable” establecer exenciones o descuentos en función del padrón municipal, al considerar que “vulnerarían el principio de igualdad”. En el texto se subraya que "no existe ninguna norma con rango de ley que reconozca la residencia como criterio válido para otorgar subvenciones". Por ello, la propuesta de aplicar otras tarifas para los alicantinos no tendría cabida en la ordenanza.
El informe cita de forma expresa varias sentencias judiciales en casos similares, como el cobro de tasas por el uso de instalaciones deportivas, para argumentar la decisión adoptada. Así, el escrito recuerda que "la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2012, viene a admitir que la Corporación municipal carece de facultades para establecer exenciones y bonificaciones tributarias en base al principio de reserva de ley".
El TEAM añade, al mismo tiempo, que el Defensor del Pueblo ha advertido en otras ocasiones que bonificar únicamente a los residentes supondría "una diferencia de trato contraria al principio de igualdad y no discriminación". En este sentido, desestima la opción de implantar tarifas reducidas o gratuidad para los ciudadanos de Alicante, una propuesta exigida por la oposición y contemplada inicialmente por el propio gobierno municipal.
Ingresos "sin destino exclusivo"
El dictamen también rechaza la posibilidad de destinar de manera exclusiva la recaudación de la tasa a la conservación del Castillo. Según argumenta, los ingresos municipales deben regirse por el principio de caja única, que obliga a centralizar en la tesorería todos los fondos y a destinarlos al conjunto de gastos de la entidad. Sólo en los casos previstos expresamente por la ley, como las contribuciones especiales, cabe asignar un destino específico.
En consecuencia, los recursos obtenidos por la venta de entradas al Castillo, que dejaría unos ingresos millonarios en las arcas municipales al tratarse del monumento más visitado de la Comunitat Valenciana, no podrían emplearse de forma finalista en su mantenimiento o restauración.
Esta conclusión del TEAM limita las líneas de trabajo que en la primavera de 2024 había explorado el Ayuntamiento en su propuesta de instaurar una tasa de acceso a la fortaleza. A pesar de ello, la intención es que esta ‘tasa’ siga adelante, aunque no se ha precisado ningún avance definitivo.
Rechazo de la oposición
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, acusa al equipo de gobierno de haber "ocultado deliberadamente" el dictamen del Tribunal Económico Administrativo y carga contra la posibilidad de que los alicantinos y las alicantinas “deban pagar para acceder a su patrimonio, un castillo sin plan director ni plan de emergencia". Además, señala que se suma a un plan de ajuste que “supone menos inversiones en los barrios y subida de tasas”.
Por su parte, desde EU-Podem califican de “injustificable” la intención de implantar el cobro de la entrada no solo para turistas, sino también para los vecinos de Alicante. La formación denuncia que el informe presentado en la Comisión de Hacienda es “un nuevo ataque a los derechos culturales de la ciudadanía”. Su portavoz, Manolo Copé, enfatiza que el Castillo es un “símbolo” y pretender ponerle “un peaje a los propios alicantinos es un despropósito”.