La Justicia ha cerrado, al menos por ahora, la puerta al centro de distribución de combustibles proyectado en el muelle 19 del Puerto de Alicante. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la mercantil XC Business 90 S. L., que pretendía dejar en suspenso la denegación de la licencia de obra mayor acordada por el Ayuntamiento mientras se resuelve el recurso principal.
La empresa había acudido a los tribunales después de que el consistorio alicantino le negara en octubre de 2025 el permiso para ejecutar las obras. Además de impugnar el decreto municipal, pidió como medida "urgente" que se paralizara su aplicación, lo que en la práctica le habría permitido iniciar la construcción de las instalaciones pese a no contar con licencia.
Sin embargo, el auto judicial descarta esa posibilidad y mantiene vigente la decisión municipal. El magistrado considera que lo solicitado por la mercantil "excede el ámbito propio de una medida cautelar" y supone, en realidad, adelantar el resultado del procedimiento abierto sobre la licencia.
El juez rechaza “anticipar” la licencia
En su resolución, el juez es claro al señalar que “lo que la parte recurrente realmente está solicitando es que le sea concedida una medida cautelar de contenido positivo; es decir, que sea el propio Juzgado quien conceda de manera provisional una licencia urbanística que ha sido denegada (expresamente y por una vez) por la Administración”.
El auto recuerda que, en materia urbanística, las decisiones cautelares de carácter positivo deben aplicarse con extrema prudencia. “En un caso así, en el que la resolución recurrida tiene un sentido claramente negativo, la adopción de medidas positivas ha de ser necesariamente restrictiva, siendo sólo admisible en excepcionalísimas ocasiones”, subraya.
¿Porqué rechaza Alicante los macrodepósitos?
El Ayuntamiento rechazó la licencia al considerar que el proyecto presentado por XC Business 90 S. L. no cumplía varios requisitos esenciales. Por un lado, la empresa no aportó la autorización previa que debe emitir la Autoridad Portuaria para este tipo de actuaciones en suelo portuario, un trámite obligatorio antes de poder ejecutar cualquier obra de esta envergadura.
Por otro, los informes municipales señalaron que el proyecto no coincidía con la superficie realmente cedida por el concesionario y certificada oficialmente, además de no ajustarse al Plan Especial del Puerto. Estas discrepancias técnicas y urbanísticas fueron determinantes para denegar el permiso y constituyen el núcleo del recurso que ahora se dirime en los tribunales.
El magistrado advierte de que acceder a la petición de la empresa implicaría “obtener precisamente aquello que la Administración pública ha denegado presuntamente, por considerar que no se tiene derecho a ello”. A su juicio, conceder esa medida supondría “la adquisición de un nuevo status jurídico que invalidaría sin más la actuación de la Administración”, además de anticipar una decisión sobre el fondo del asunto que todavía debe resolverse.
Aviso sobre el papel de los tribunales
El juez va más allá y lanza una advertencia sobre los límites del control judicial. “Se corre el riesgo de convertir a los Juzgados en una nueva ventanilla de la Administración, y de convertir a los jueces en administradores, función que constitucionalmente no puede pretenderse”, afirma.
El auto también destaca que en este caso concreto “ninguna circunstancia cualificada o excepcional se ha puesto de manifiesto por el recurrente” que justifique una medida "tan extraordinaria". Por ello, acuerda “desestimar la solicitud de medida cautelar y mantener la plena ejecutoriedad del acto administrativo impugnado”. Además, impone las costas a la mercantil.
"Un no rotundo"
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, valoró el auto como un respaldo claro a la posición municipal. “Los tribunales nos dan la razón en un asunto que cae por su propio peso”, asevera, subrayando que el propio juez deja claro que “resulta inconcebible que unas medidas cautelares concedan, de facto, una licencia que ha sido denegada expresamente por el Ayuntamiento”.
Barcala insiste en que el equipo de gobierno mantendrá su postura frente al proyecto. “Vamos a seguir defendiendo la denegación de la licencia porque estamos convencidos de que es lo correcto; no queremos los macrodepósitos en el Puerto y vamos a pelear hasta el último aliento”, asegura.
Además, el primer edil enfatiza que el consistorio será “contundente en la aplicación de la normativa urbanística” para impedir que la instalación salga adelante “si no cumple con las mínimas garantías exigibles, como es el caso”.