La concesión de la licencia ambiental no significa que pueda comenzar la actividad de los macrodepósitos del Puerto. Esa es la premisa a la que se aferra el Ayuntamiento de Alicante tras verse obligado a reconocer los efectos del silencio administrativo para el visto bueno medioambiental de la infraestructura que pretende situar la mercantil XC Business 90 SL en el muelle 19: una planta de distribución de combustibles y carburantes.
Tal y como apunta el consistorio en un comunicado, la medida se adopta por “imperativo legal” en cumplimiento de la sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Sin embargo, el equipo de gobierno mantiene su "firme oposición" al proyecto y recuerda que sigue adelante la intención de acudir al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo para frenar la instalación de los macrodepósitos.
Los permisos que faltan
A pesar de este reconocimiento, el decreto de Urbanismo advierte a la empresa de que la explotación no podrá comenzar hasta que se cumplan todos los requisitos de seguridad y prevención exigidos por las normativas sectoriales. En este sentido, recuerda que deberán obtener las autorizaciones preceptivas de los órganos autonómicos competentes en materia de medio ambiente, seguridad industrial y afectación a la Red Natura 2000.
En concreto, el proyecto debe recabar la evaluación positiva sobre el plan de seguridad, el plan de emergencias, emisiones a la atmósfera, manejo de residuos peligrosos y la afección a espacios protegidos. Además de estas autorizaciones, deberá obtener la licencia municipal de obra mayor, que todavía está en tramitación. "Seremos exigentes con el cumplimiento de los requisitos antes de emitirla", asegura la concejala Rocío Gómez.
"Batalla judicial y técnica" contra el proyecto
La responsable del área de Urbanismo insiste en que la licencia ambiental "no supone en ningún caso que la empresa pueda instalar los depósitos de combustibles". El consistorio cuenta, además, con el respaldo de la Autoridad Portuaria de Alicante, con quien mantiene un "frente común de rechazo" al proyecto. "Sigue intacta la firme oposición del Ayuntamiento y seguimos plantando batalla desde todos los frentes", recalca Gómez.
En la misma línea, el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha afirmado durante la comparecencia semanal posterior a la Junta de Gobierno que el Ayuntamiento acudirá "a todas las vías que tenemos en nuestras manos, tanto procedimentales como judiciales, para que eso no pueda producirse”. Aún así, ha recalcado que “respetamos las resoluciones judiciales, las compartamos o no, y teníamos que ejecutar esa sentencia".
Recurso ante el Constitucional
En paralelo, el portavoz municipal ha confirmado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante están preparando "dentro del plazo" un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). El consistorio entiende que el TSJCV no tuvo en cuenta en su sentencia "la inconstitucionalidad del artículo de la ley autonómica que establecía el silencio positivo en la concesión de licencias ambientales", declarada en 2022.
El vicealcalde también ha asegurado que el Ayuntamiento y XC Business 90 SL no han mantenido ninguna reunión. "El alcalde Luis Barcala dejó claro que el requisito previo para cualquier diálogo es que la empresa renuncie a la instalación", ha recordado. Mientras se resuelve el recurso ante el TC, que podría tarde meses, el equipo de gobierno seguirá explorando diferentes estrategias para evitar la construcción de los macrodepósitos.
Críticas de la oposición
La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha acusado al alcalde de "ponerse de perfil" y ha considerado que el futuro recurso "no es más que una excusa dilatoria sobre un problema que lo que requiere es diálogo y una solución política". A su vez, Barceló ha apuntado que "sí ya hablan de cómo se van a controlar las obras, es porque, irremediablemente, van a otorgar licencia para que la actividad se pueda desarrollar".
Por su parte, la concejala de Compromís, Sara Llobell, ha criticado que el Ayuntamiento otorgue la licencia ambiental mientras manifiesta su oposición al proyecto. "No puede ser que un asunto tan grave y urgente que afecta a la seguridad de toda la ciudad, esté en manos de la incompetencia del Ayuntamiento por no contestar a la licencia", ha insistido al tiempo que ha vuelto a pedir la convocatoria de la comisión municipal Puerto-Ciudad.
Desde EU-Podem, han mostrado su "más absoluto rechazo" a la decisión y han reprochado que el equipo de gobierno actúe con "sumisión absoluta" a la resolución judicial. "Si aplicaran siempre las sentencias con la misma rapidez, muchas cuestiones urbanísticas en la ciudad habrían tenido otra resolución", ha valorado el portavoz Manolo Copé.
Por último, Carmen Robledillo, del grupo Vox, ha calificado el reconocimiento de la licencia ambiental como una "triste derrota" para Alicante y ha responsabilizado de la situación "a los partidos que han gestionado el Gobierno central, el municipal y el puerto en los últimos años". No obstante, ha enfatizado que "desgraciadamente hay una sentencia judicial y ninguna administración puede ir en contra".